El Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a controlar más las inversiones en nuevas empresas

Invertir capital público en la creación de empresas nuevas o en la expansión de las ya existentes, sí; pero hacerlo con poco o nulo control sobre sus números y sin obligar a sus responsables a informarles con mayor periodicidad de la marcha de la compañía en cuestión, no. Ese es el criterio que sostiene el Tribunal de Cuentas en uno de sus últimos informes, donde reprocha a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, que no haya supervisado mejor esas inversiones -realizadas a través de su filial SEPIDES, que en ocasiones funcionaba como un fondo de capital riesgo, aún sin serlo- y tampoco haya valorado bien los riesgos existentes en cada operación acometida.

Tanto fue así, que en un solo año, desde el cierre de 2004 al de 2005, la citada sociedad pasó de tener unos beneficios moderados de 470.000 euros a un déficit estimable cercano a los 3 millones de euro, y ello tras verse obligada a multiplicar por 12 las provisiones por la depreciación de muchas de sus inversiones empresariales. Esta es la raíz del problema, destaca el órgano fiscalizador, para cuyos responsables lo censurable no es en si que algunas de esas operaciones resultaran más o menos fallidas, pues eso entra del riesgo empresarial, sino que la sociedad estatal en cuestión no se dieran cuenta de ello antes y no tuvieran datos fiables sobre esa caída.

Entre 2003 y 2005, período analizado por el tribunal contable (que, como suele ser habitual en su labor, también se retrasa en su control, si bien más por un fallo del propio modelo y falta de colaboración externa), los directivos de SEPIDES estudiaron un total de 260 proyectos de inversión, de los que aprobaron 38 y rechazaron el resto, la mayoría por la "insuficiencia" de la documentación aportada por sus promotores para el estudio de viabilidad correspondiente -por eso ahora se reclama no dar fondos si no se entrega antes un plan de negocio y existe un compromiso "cierto" de cumplirlo-. Los proyectos que sí pasaron esa criba se repartieron 96,2 millones de euros, buena parte para iniciativas regionales de desarrollo empresarial.

Sin normas

Pero una vez que profundiza en el análisis de la documentación disponible, el órgano fiscalizador denuncia que SEPIDES "no contaba con normas o directrices escritas que determinaran el perfil del promotor o el tipo de actividad a financiar", a fin de que cualquier responsable de la administración pudiera discernir por razones objetivas entre quienes eran merecedoras de esas ayudas públicas y quienes no, No obstante, y sin restar importancia a la ausencia de ese protocolo, se reconoce en el dictamen que "el número de empleos a crear sí era un criterio relevante" para esa selección y, en todo caso, la propia sociedad estatal llevaba a cabo un análisis económico-financiero de aquellos proyectos que se estimaran más "adecuados".

Otra de las criticas que se hacen desde el tribunal a la SEPI y a su filial es que esta última "no intervenía en la gestión diaria" de las empresas a las que concedía financiación (aunque sí tenía voz y voto en los consejos de administración) y la única información que recababa de su marcha era la que daban los gestores de las mismas, sin que hiciera otro tipo de gestiones para comprobar su validez y exactitud. Eso sí, los técnicos estatales realizaban visitas de seguimiento, si bien con una periodicidad anual, por lo que ahora se les 'recomienda' hacerlas con mayor frecuencia -e incluso aplicar un sistema de penalizaciones en caso de incumplimientos sobre lo ya acordado- para "prevenir riesgos" de una posible administración irregular.