El Tribunal de Cuentas denuncia la excesiva subcontratacion de obras ferroviarias

El Tribunal de Cuentas denuncia el recurso demasiado frecuente a la subcontratación en la construcción de infraestructuras ferroviarias, hasta el punto de que en algunos trabajos ese tipo de actividad supone más del 50% del importe de ejecución de la obra en cuestión. Entre sus críticas, realizadas tras la fiscalización de 127 expedientes por importe de 6.873 millones de euros entre los años 2003 y 2005 -es decir, a caballo entre las dos últimas legislaturas de PP y PSOE, respectivamente-, la más repetida es la falta de control de estas tareas y la ausencia de bastante información, hasta el punto de que la propia Hacienda recibe los datos requeridos "siempre fuera de plazo y de manera incompleta", lo que dificulta su tarea de control.

En su informe, uno de los últimos remitidos por el órgano fiscalizador al Congreso de los Diputados, el tribunal hace un claro reproche a la labor de los máximos responsables del ente administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF), encargado de construir y gestionar las mismas -de manera especial, las líneas de alta velocidad (Ave)-. Dado que esta empresa pública se ha convertido en los últimos años en uno de los principales motores de gasto del Ministerio de Fomento, los expertos del sector consideran que el dictamen fiscalizador también supone un claro 'toque de atención' a los dos últimos titulares del departamento, el 'popular' Francisco Álvarez-Cascos y la socialista Magdalena Alvarez.

Respaldado de forma unánime por todos los consejeros del tribunal, donde guardan un delicado equilibrio las 'simpatías' hacia los dos grandes partidos políticos nacionales, el presidente Manuel Núñez "recomienda" a los responsables de Fomento, y en concreto al ADIF que, más allá de cumplir con la ley de 18 de octubre de 2006 sobre subcontración (algo que no ocurrió en el período analizado), mejore los requisitos que demandan a las empresas en sus pliegos y contratos. Así, les insta a que obliguen a los contratistas a "exigir" a sus subcontratistas que "acrediten su solvencia técnica, económica y profesional", así como que "disponen de medios humanos y materiales adecuados para ejecutar las obras asignadas, debiendo justificarlo ante la Administración (ADIF y Fomento) cuando ésta lo requiera".

Esa última precisión no resulta en modo alguno baladí, pues en las obras del Ave son frecuentes los problemas imprevistos y los retrasos en la ejecución que, según los expertos, se deben en bastantes ocasiones a la falta de medios o experiencia en las empresas subcontratadas. Por este motivo, y ante situaciones como la crisis provocada en Barcelona por las obras del tren de alta velocidad y sus efectos en el ferrocarril de cercanías (Renfe y el ADIF preparan ya reclamaciones millonarias contra las concesionarias por ello), el tribunal advierte que se deberán cumplir "las mismas condiciones y garantías técnicas" por parte de contratistas y subcontratistas.

Incumplimientos generalizados

Entre las deficiencias denunciadas por el Tribunal de Cuentas, si bien buena parte de ellas no han sorprendido entre los profesionales del sector, destaca el hecho de que "en la generalidad de los expedientes fiscalizados no se ha cumplido lo que en ellos se dispone", sobre todo en las condiciones del precio pactado con los subcontratistas, que han tardado más del doble del tiempo que los contratistas en cobrar sin que ello aparezca justificado. Tampoco se indica en los mismos si las empresas afectadas están al día con Hacienda y la Seguridad Social, condición indispensable con arreglo a la normativa en vigor para trabajar con las administraciones públicas.

Otra anomalía destacada que descubre el órgano fiscalizador es que los responsables ferroviarios del Estado (ADIF) sólo tenían un conocimiento "parcial" de los subcontratos referidos, pese a que el importe de los mismos resulta bastante elevado (uno de cada siete euros del presupuesto de la obra). Tampoco quedan claras las condiciones que el ente público fijó con esas empresas de cara a las responsabilidades derivadas de posibles incumplimientos contractuales. Además, la identificación sobre las partes de las obras que ejecutarán los subcontratistas son "incompletas, imprecisas y, frecuentemente, distintas de las intervenciones que realmente se producen en la ejecución de las mismas".