Sáenz, inhabilitado por su actuación en Banesto

El Tribunal Supremo ha decidido condenar al actual consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, a ocho meses de prisión y a una pena de inhabilitación por intento de estafa procesal y acusación falsa contra unos deudores de Banesto, entidad que presidió tras ser intervenida en 1993.

El Banco Santander estudiará recurrir ante el Tribunal Constitucional la inhabilitación de Sáenz. Según confirmaron fuentes jurídicas, la Sala de lo Penal del Supremo acordó hace tres semanas endurecer la pena que le impuso la Audiencia Provincial de Barcelona en diciembre de 2009, que fue condenado a 6 meses de prisión por el delito de acusación y denuncia falsa, pero fue absuelto del de intento de estafa procesal.

La sentencia se dará a conocer previsiblemente a finales de enero, lo que obligará a que Alfredo Sáenz cese de forma inmediata como consejero delegado del Santander. En cambio, el directivo no tendrá que ingresar en prisión, dado que la pena impuesta por el Tribunal Supremo es inferior a los dos años, tal y como adelantó este lunes el periódico 'El Mundo'. El origen de esta causa se remonta a 1994, cuando Banesto emprendió una agresiva estrategia de recuperación de créditos dudosos.

El banco presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a quienes reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros).

El juez Luis Pascual Estevill admitió a trámite la querella y decretó medidas de prisión preventiva contra los cuatro industriales (lo que conllevó la condena del juez por prevaricación y detención ilegal por el Supremo en 1996).

Después de que esa causa fuera archivada, los empresarios y Rafael Pérez Escolar -ya fallecido y consejero de Banesto durante la etapa de Mario Conde- presentaron una querella, que sufrió diversos avatares hasta que en mayo de 2006 el Tribunal Supremo ordenó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que continuara con su tramitación.

En diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Barcelona entendió que Sáenz y los otros dos condenados "tenían conocimiento de que los hechos imputados (a los empresarios) no eran ciertos, así como tampoco los de los escritos posteriores de ampliación de querella" y que actuaron de esa manera como "medida de presión" contra los industriales.

La interposición de la querella por parte de Banesto "obedeció al único propósito de recuperar unos créditos, de la forma que fuere, sin empacho alguno en formularla contra personas físicas que nada debían", criticaron los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona.