La Asociación Sindical Independiente de Profesionales del Ahorro (Asipa), con representación en el comité de empresa de Caja Inmaculada; la Federació d¿Estalvi de Catalunya (FEC) y el Sindicato Profesional Independiente de Cajas de Ahorros del Mediterráneo (Sicam) han impugnado ante el Tribunal Supremo el real decreto que regula los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), también conocidos como fusiones 'frías' o fusiones 'virtuales'.

En una nota de prensa remitida ayer por los tres sindicatos -que representan a trabajadores en toda España en el sector de las cajas de ahorros-, consideran que esta norma regula "muy escuetamente" los SIP en los que se hallan inmersas diversas cajas de ahorros. También avanzan que esta ha sido la primera de diversas acciones "urgentes y contundentes" que estos sindicatos piensan llevar a cabo. El objetivo fundamental de estas acciones legales es, según las tres organizaciones, "reconducir la actuación" de las autoridades financieras y conseguir que los EFC (establecimiento financiero de crédito, la sociedad 'paraguas' que aglutinaría a las cajas de ahorros integradas en un SIP) tengan la condición de caja de ahorros y no de banco.

Privatización encubierta

Desde Asipa, FEC y Sicam expresan sus "serias reservas" ante el modo en que se está llevando a cabo el proceso de reestructuración del sector -por medio de los SIP- por parte del Banco de España y del Ministerio de Economía y Hacienda, "en connivencia con las consejerías de Economía de muchos gobiernos autonómicos". Estos tres sindicatos reiteran que el modelo de cajas que pretende instaurarse busca "una privatización progresiva y encubierta de nuestras cajas, para convertirlas en bancos privados".

Por otra parte, recuerdan que su postura no nace de un rechazo a la reorganización del sector de cajas. "Somos conscientes de la necesidad de reestructurar y reformar el sistema actual de cajas de ahorros -apuntan en la nota- para convertirlo en más eficiente y competitivo". Sin embargo, recalcan que "no puede llevarse a cabo a espaldas de los trabajadores del sector, a través de un plan que, de aquí a varios años, prevé el despido de entre el 10% y el 20% de los trabajadores de cajas de toda España y pretende también precarizar las condiciones laborales de los más de 90.000 empleados".

En opinión de Asipa, FEC y Sicam, los Sistemas Institucionales de Protección son "claramente ilegales e inconstitucionales, y contrarios también a los principios del Derecho comunitario europeo".

Piden que el proceso de reorganización que se utilice en España se fije en el modelo alemán de cajas de ahorros.