No se puede decir que el Comité Federal del PSOE recibiera con alborozo el último golpe de timón del Gobierno. La propuesta de elevar a los 67 años la edad de jubilación deja intranquilos a muchos y no tanto porque consideren que es innecesario abordar una reforma del sistema de pensiones sino porque temen la reacción de los sindicatos. Si de algo han presumido los socialistas desde que el zarpazo de la crisis sacudió el mercado laboral es de su capacidad para mantener la 'paz social'. Zapatero defendió ante los suyos que la medida es "razonable" y prometió diálogo, pero la respuesta de los 'nobles' del partido no fue, esta vez, de adhesión inquebrantable.

Es raro que en este cónclave trimestral, el máximo órgano de decisión del PSOE entre congresos, se escuchen voces críticas. En los últimos tiempos lo habitual es hacer una mera exhibición de unidad y cohesión en torno al líder. Por eso las acotaciones de dirigentes territoriales como el asturiano Vicente Álvarez Areces, el madrileño Tomás Gómez o el catalán Daniel Fernández (portavoz del ausente José Montilla) resultan, pese a su timidez, significativas. "No podemos provocar fracturas con nuestros mejores aliados", avisó el veterano presidente del Principado.

La decisión del Ejecutivo ha cogido a sus propios correligionarios con el pie cambiado. No hace tanto que la consigna era responder con indignación a quienes se atrevían a hablar de la necesidad de acometer cambios para garantizar las pensiones a largo plazo.

La labor del vicesecretario general del partido, José Blanco, y la secretaria de Organización, Leire Pajín, encargados de hablar con los miembros del comité para preparar la reunión, no sirvió para apaciguar el desconcierto.

Dos abstenciones

El órgano socialista aprobó por contundente mayoría la resolución que había preparado la dirección la víspera y en la que se alega que "la realidad de los cambios en la pirámide poblacional, el aumento de la esperanza de vida, así como los porcentajes de población activa, hacen necesario tomar decisiones para el futuro del sistema público de pensiones". Pero hubo, cosa rara, dos abstenciones; las de los representantes de Izquierda Socialista, Juan Antonio Barrio de Penagos y José Antonio Pérez Tapias. Y entre las 29 intervenciones que se produjeron a lo largo de las cinco horas que duró el encuentro hubo un denominador común: la petición a Zapatero para que haya flexibilidad en la aplicación de la medida y, sobre todo, para que la explique bien.

En este sentido se manifestaron, por ejemplo, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, y el de los asturianos, Javier Fernández. El primero propuso que la reforma distinga entre sectores profesionales. Es más, sugirió que se plantee un retraso voluntario de la edad de jubilación mediante incentivos.

Fernández reclamó que se tenga en cuenta la diferencia entre quienes desarrollan una actividad física y quienes se dedican a tareas intelectuales. La respuesta de Zapatero fue directa: "¿Flexibilidad? ¡Pues claro!- dijo- será producto de la negociación". "No le tengo miedo al debate", presumió tras subrayar que, por más que continúe en el Gobierno, no será presidente en 2020. "Podíamos habernos desentendido y meter este debate en un cajón", insistió Zapatero.

"Ejercicio de responsabilidad"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, defendió ayer el "ejercicio de responsabilidad" realizado por el Gobierno con su propuesta de reforma de las pensiones y aseguró que "los ciudadanos entienden que son medidas que hay que tomar para garantizar la sostenibilidad del sistema" en el futuro.

En declaraciones a la Cadena Ser, Salgado tachó de "hipócrita" la actitud del PP al criticar la propuesta del Gobierno y se mostró convencida de que "será capaz" de convencer de su necesidad a sindicatos y partidos políticos, que han mostrado su oposición a las medidas.

Salgado aclaró que no se trata de una "traición" al Pacto de Toledo, sino "una propuesta que hay que discutir" y defendió que los cambios se harían de forma gradual a partir del año 2013.