El 29% de los afectados por un ERE en Aragón perdieron su empleo

El número de expedientes de extinción de empleo se situó el año pasado en 119, un 11,2% menos que en 2009, pero el de afectados aumentó el 14,2% hasta 4.000, casi el 29% de los trabajadores incluidos en expedientes de regulación cuando el año anterior no llegaban al 10%.

Así lo ha indicado el director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Antonio Alastrué, en una comparecencia en la Comisión de Economía de las Cortes, a petición del PP.

Alastrué ha informado de que el año pasado se presentaron 836 expedientes de regulación de empleo con 13.966 trabajadores afectados cuando en 2009 se presentaron 932 expedientes con 36.177 empleados afectados, aunque las extinciones aumentaron de un año a otro el 14,2%, al pasar de 3.500 a 4.000.

Además, ha destacado que un buen número de expedientes de extinción, probablemente más del 60%, parten de suspensiones de empleo previas y que en los últimos tres años los puestos de trabajo perdidos por extinciones rondan los 10.000, en torno al 10% del número total de trabajadores afectados por distintos procesos de suspensión.

Estos son algunos de los datos que ha resaltado Alastrué en relación con los expedientes de regulación de empleo en Aragón, la mayoría pactados entre las empresas y los trabajadores (en 2010, el 91%), mientras que los aprobados por la autoridad laboral sin acuerdo entre las partes y los rechazados o desistidos por las empresas representaron, respectivamente, en torno al tanto por ciento.

Por otra parte, ha comentado que los despidos individuales de principios de año, comparados con los del último cuatrimestre, han aumentado entre el 5 y 6%.

La aprobación de la reforma laboral, ha agregado, ha hecho que aumenten los expedientes de reducción de jornada, que han pasado de 47 en 2009 a 90 el año pasado, lo que representa casi el 11% de todos los expedientes presentados, y espera que esta fórmula se utilice con mucha más intensidad porque permitiría sanear la situación de muchas empresas.

El cumplimiento de la legalidad, la constatación de que existen causas «reales» para la presentación de un expediente de regulación de empleo y la aplicación de medidas equilibradas a la situación de la empresa son los criterios que sigue la Dirección General de Trabajo para dar el visto bueno a un expediente.

No obstante, Alastrué ha hecho hincapié en que se intenta que las empresas traten de introducir medidas de flexibilización antes de llegar a la presentación de un expediente.

Por su parte, Manuel Guedea, del PP, ha lamentado la alta tasa de paro en Aragón, del 16,06%, y la mala situación del empleo juvenil en comparación con el que registran otras comunidades y ha subrayado que la reforma laboral está teniendo escasa incidencia en creación y mantenimiento del empleo, aunque ha reconocido como positivo el alto grado de expedientes con acuerdo de las partes.

Chesús Yuste, de CHA, ha advertido de que la cifra de parados en Aragón es «lamentablemente de récord», con 103.300 según la EPA, y de que el grueso de los desempleados, en torno al 80%, no surgen de los expedientes, al tiempo que ha reclamado ser exigente con las empresas para evitar «abusos» en el uso de los expedientes como «excusa» para «aligerar» plantilla.

Adolfo Barrena, de IU, ha criticado la reforma laboral, que ha calificado de «nefasta» para los trabajadores y que se endurecerá más a tenor del reglamento que está por llegar, se ha preguntado cuántas empresas que han aceptado bonificaciones a cambio de mantener empleo piden extinciones y ha lamentado que de todos los expedientes presentados entre 2007 y 2010, el 65% «han acabado con el trabajador en la calle».

Pilar Palacín, del PSOE, ha reconocido que 2010 ha sido un año «malísimo» en destrucción de empleo, aunque ha apuntado que los expedientes de regulación de empleo son alternativa al cierre de empresas, bajo el «paraguas» de la autoridad laboral, y ha destacado que la reforma laboral ha servido para que aumenten de forma notable los expedientes de reducción de jornada.

Ana de Salas, del PAR, ha reconocido que los expedientes representan una situación «dolorosa» para los trabajadores afectados pero también para los empresarios, ha hecho hincapié en que la autoridad laboral es exigente en el control del cumplimiento de la legalidad y ha apuntado que Trabajo, en el bajo porcentaje de los que aprueba sin acuerdo, establece medidas distintas a las pedidas por las empresas, ajustadas a su situación real.