El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza ha citado a declarar en calidad de imputados a los tres administradores de la mercantil Garaje Costa, a los que se investiga por una posible insolvencia punible. Las diligencias se abrieron en septiembre de 2009, a raíz de una denuncia conjunta presentada por 23 empleados de estos concesionarios.

Los responsables de la sociedad, José Luis S. B., José Fernando S. D. y Félix M. S., tendrán que comparecer ante el juez instructor los días 24, 25 y 26 de marzo para explicar su gestión al frente de la empresa. Aunque según fuentes próximas, ayer todavía no habían recibido la citación oficial.

Los trabajadores les acusan de "negligencia", y de estar más preocupados en deshacerse de los concesionarios con el menor coste posible que en intentar sacarlos adelante. De hecho, en su denuncia recordaban que Garaje Costa ha sido siempre una empresa puntera en su sector, y que durante años ha obtenido ingresos suficientes para generar beneficios.

Los administradores de la sociedad solicitaron la declaración de concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) a finales de mayo de 2009, basándose en las supuestas dificultades económicas que atravesaba y en la venta frustrada de acciones. El paso siguiente fue la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 33 de sus 75 trabajadores.

La empresa planteó la propuesta de ajuste ante el Juzgado número 2 de lo Mercantil de Zaragoza, y aseguró entonces que "había costado mucho tomar la decisión", teniendo en cuenta que algunos empleados llevaban trabajando en los concesionarios desde sus inicios, en los años sesenta. El juez resolvió que los empleados fueran indemnizados con 20 días por año trabajado, pero estos, disconformes, recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Finalmente, se ha confirmado el fallo.

Cuando 23 de los trabajadores decidieron denunciar por posible insolvencia punible a los administradores de la mercantil, les acusaron de tomar decisiones "totalmente perjudiciales" para la gestión de la misma. Entre otras supuestas irregularidades, informaron al juez de la supuesta venta de diversos vehículos de la marca Renault. Siempre según los denunciantes, los gestores del negocio cobraron el dinero en efectivo de esas ventas, pero incluyeron esos importes en la contabilidad para simular un incremento de las deudas. De esta manera, presuntamente conseguían justificar la solicitud de concurso de acreedores.

Hasta dos años de prisión

Para los denunciantes, esta supuesta irregularidad contable sería una prueba de la insolvencia punible. Y según el Código Penal, el que en un procedimiento concursal presente "a sabiendas" datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr "indebidamente" la declaración del mismo, será castigado con penas de prisión de uno a dos años de prisión y multa de seis a doce meses.