Expertos jurídicos han coincidido en afirmar que Nueva Rumasa ha bordeado la ley con sus emisiones de pagarés y que el posible impago a sus inversores particulares podría acabar ante los tribunales penales por estafa, en caso de que el dinero se haya destinado a cubrir deudas y no a hacer nuevas inversiones como se aseguraba en la publicidad del grupo. Por ejemplo, en el caso de la ampliación de capital de Dhul se dirigía a «la construcción de una nueva planta de Dhul en Jaén» que iba a fabricar platos precocinados y crearía 75 empleos.

Sin embargo, poco a poco se van conociendo operaciones irregulares entre las compañías del grupo. La empresa Carnes y Conservas Españolas (Carcesa) lanzó en febrero de 2009 una emisión de pagarés que le permitió ingresar 70 millones de euros, y ese mismo año prestó otros 124 millones a varias empresas del grupo, según consta en las cuentas de la sociedad. Carcesa indicó en el folleto de la emisión que el importe captado entre los inversores se destinaría a adquirir nuevas compañías, pero durante todo el ejercicio únicamente se compró una empresa, Quesería Menorquina, que figura con un valor contable de 1,7 millones de euros. Carcesa aprovechó para reducir su deuda a corto plazo con varias entidades financieras, de modo que pasó de 28,9 millones de euros a 18,7 millones de euros, al tiempo que prestó 124,3 millones a otras empresas del grupo.

El abogado del despacho Jausas Agustí Bou explicó que se prevé que los inversores «se agrupen para iniciar acciones penales», ya que la situación preconcursal anunciada por la empresa podría ser el primer síntoma de que «ha habido un engaño».