Mucho pan y poco jamón. El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de Economía Sostenible, una extensa carcasa que contiene las líneas generales del modelo productivo a alcanzar de aquí a 2020, basado en el conocimiento, la eficiencia energética, el respeto al medio ambiente, el uso eficiente de recursos y la racionalización del gasto. Incluye decenas de medidas para mejorar el entorno económico, la actividad empresarial y la sostenibilidad ambiental, pero en muchos casos sin especificar una regulación concreta. Las iniciativas tendrán una duración diferente y entrarán en vigor por separado. De ahí que, como confesó una fuente solvente del Ministerio de Economía, más que un instrumento normativo el texto es una declaración de intenciones a medio plazo.

Rechazo del PP

La ley, que Zapatero presentará al Parlamento el martes, nace con meses de retraso y el rechazo del PP, que la compara con los viejos planes económicos del franquismo. Tampoco los empresarios la ven con buenos ojos. De ahí que parezca muy difícil lograr el «espíritu de consenso» con que la vicepresidenta Fernández de la Vega presentó el proyecto. El Ejecutivo reconoce que la norma no traerá mejoras inmediatas sobre el crecimiento y el empleo.

El Gobierno ha incluido en la norma un plan de austeridad y limitación en el gasto de la administración pública, y un fondo de capital de 20.000 millones gestionado por el ICO para financiar a todos los sectores ligados a la aplicación de estas reformas. Entre los proyectos a financiar (mediante préstamos, créditos y avales a empresas) están los vinculados con el fomento del turismo sostenible; desarrollo de infraestructuras del transporte; tratamiento y gestión integral de residuos; salud y biotecnología, energías renovables y rehabilitación de edificios.

En este último aspecto es donde el Gobierno da más detalles. Desde la entrada en vigor de la norma hasta el 31 de diciembre de 2012 habrá una nueva deducción del 10% en el IRPF en las obras en la vivienda habitual relacionadas con la eficiencia energética, el uso del agua o la adaptación a personas con movilidad reducida. La base anual máxima de deducción será de 3.000 euros. Para impulsar esos trabajos se ampliará la aplicación del tipo de IVA reducido -en julio de 2010 subirá del 7% al 8%- en obras de rehabilitación, que hasta ahora sólo se podía aplicar a servicios de albañilería. Salgado cree que esa bajada del tipo será compensada por mayores ingresos acumulados en concepto de IVA y por «ahorro en la protección por desempleo».

Deducciones en vivienda

La ley modificará, a partir de enero de 2011, las deducciones por la compra de vivienda habitual, que sólo percibirán los contribuyentes con rentas anuales inferiores a 24.107,20 euros. Cuando la base imponible sea inferior a 17.707,20 euros se mantendrán las deducciones en la cuota actual (15%), con un límite de 9.040 euros al año. Entre 17.707,20 y 24.107,20 euros de base, se aplicará una reducción gradual. La ley equiparará las deducciones por alquiler con las de compra.

Otro paquete de iniciativas disminuye los plazos y los costes para la creación de empresas, se limitan a 30 días los tiempos de pago de las administraciones y a 60 los de cobro de los pequeños y medianos negocios. Las modificaciones de los contratos públicos no podrán superar el 20% del precio del contrato y el porcentaje de subcontratación que se podrá exigir a los adjudicatarios podrá subir hasta el 50% para favorecer la actividad de las pymes.

El Gobierno ha hecho un guiño a la opinión pública, que reclama más presión fiscal sobre las rentas más altas, pero sin poner topes a las retribuciones de los altos directivos del sector financiero. Por ahora se equipara la fiscalidad de las ganancias de los ejecutivos que cobran más de 600.000 euros al año cuando perciben compensaciones plurianuales, en efectivo o mediante opciones sobre acciones, e incluye las indemnizaciones por despido, con la única excepción de los planes de pensiones. Si hasta ahora se veían favorecidos con un 40% de exención, esa ventaja desaparece.

La ley establece principios de buena regulación económica. Se reduce a cinco el número de miembros de los Consejos de los reguladores de industrias de red, las comisiones nacionales de Energía, Telecomunicaciones, Servicio Postal y Competencia, nombrados para solo 6 años.