El Consejo de Ministros aprobó este viernes el proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que busca adaptar la legislación española a la normativa europea. La 'luz verde' del Gobierno ha seccionado en dos al sector, que se reparte entre los aplausos de los pequeños comercios y la crítica más afilada de las grandes superficies, que acusan al Ejecutivo de "haber perdido una oportunidad histórica" para impulsar la actividad y el empleo en el segmento.

El detonante de la polémica es la posibilidad que otorga la ley a las comunidades autónomas, amparadas siempre en sus competencias exclusivas, para frenar las nuevas aperturas, sobre todo de los parques comerciales más grandes, que han sufrido siempre muchos más problemas para su desarrollo por la histórica presión de los pequeños negocios en la economía local.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se felicitó por la iniciativa y aseguró que a partir de hora abrir un comercio será «más fácil y más barato», gracias a un texto que garantiza el equilibrio entre los distintos formatos y «satisface todas las necesidades de los consumidores».

De la Vega resaltó que, con carácter general, la norma elimina las autorizaciones administrativas y simplifica enormemente los trámites. «Las comunidades autónomas establecerán un procedimiento de autorización que integrará todos los trámites necesarios cuando así lo exija específicamente un sector determinado», concluyó la vicepresidenta.

A juicio del Gobierno, así lo ha defendido también el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, la nueva regulación supondrá una mayor liberalización, incrementará la seguridad jurídica y contribuirá a la creación de empleo.

Aunque la norma elimina la obligatoriedad de la licencia comercial y recoge el principio de libertad de establecimiento, deja abierta la puerta para que las regiones puedan establecer «un régimen de autorización» debidamente justificado. Se suprimen, eso sí, los criterios económicos así como la intervención de los competidores en los procesos de autorización. También desaparece la definición legal de 'gran establecimiento comercial'. Pero la clave está en que ese examen autonómico deberá atender criterios medioambientales, urbanísticos o de respeto del patrimonio histórico-artístico. Todo un 'coladero', a juicio de los grandes del sector, para seguir vetando complejos como los liderados por El Corte Inglés, Carrefour, Eroski, Alcampo, Media Markt, Fnac, etc. Precisamente, la patronal que agrupa los intereses de estos y otros gigantes del comercio (Anged), es la más crítica con la ley.

Para la organización, el Gobierno no ha sabido crear un marco más competitivo que beneficie a los consumidores, aferrado a «viejos impulsos proteccionistas».

Otro de los argumentos de Anged se encuentra en el reciente y demoledor informe de la Comisión Nacional de Competencia sobre el anteproyecto de ley del comercio minorista, que el organismo calificó de claramente «discriminatorio» para las grandes superficies. Frente a esto, De la Vega recordó que el texto cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado.

Contra el 'lobbie'

La felicitación al Ejecutivo llega desde los pequeños comercios y los autónomos. La Confederación Española de Comercio (CEC) se felicitó porque la regulación «mantiene el nivel competencial de Estado y autonomías, simplifica el procedimiento y pone en juego reglas mucho más claras y transparentes, que tienen en cuenta el interés general y no el de determinados 'lobbies'», en clara alusión a Anged.

El presidente de CEC, Miguel Ángel Fraile, aseguró que el texto «contribuirá a la cohesión económica, social y territorial favoreciendo un alto nivel de empleo y progreso». Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Autónomos (ATA), dijo que «es especialmente positivo el que sean las comunidades autónomas las que sigan concediendo las licencias para la apertura de grandes superficies comerciales». La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), por el contrario, criticó la regulación al entender que supone «un claro retroceso en la competencia».