El Gobierno mantiene su idea de disminuir progresivamente la participación de la energía nuclear -responsable del 20% de la producción eléctrica nacional-, un suministro que no es posible reducir de «golpe» ni de «hoy para mañana».

Así lo ha dicho este jueves el secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández, durante su comparecencia en la Comisión de Industria del Senado, solicitada a petición propia y de los grupos parlamentarios de CiU y PP para informar de la política de su departamento.

En su intervención, Hernández ha reconocido que el accidente de la central de Fukushima supondrá «un antes y un después en el uso de la energía nuclear» que, además, ha obligado a hacer una evaluación «exhaustiva» de la seguridad y capacidad de respuesta de las plantas ante situaciones extremas.

Para evaluar lo ocurrido, las autoridades niponas tienen que dar el suceso por concluido, algo «que aún no ha ocurrido», ha añadido Hernández, que ha admitido la inquietud social que esto ha generado.

Futuros controles de seguridad a las centrales

En este contexto, ha recordado las pruebas de estrés a las que deberán someterse las nucleares de la Unión Europea y de los países vecinos y los estudios complementarios de sismicidad e inundaciones pedidas por el Ministerio de Industria al Consejo de Seguridad Nuclear.

A pesar de que todavía se desconocen en qué consistirán dichas pruebas de estrés o de resistencia, el secretario de Estado se ha mostrado convencido de que estarán basadas en las circunstancias del accidente nuclear de Fukushima.

En el caso de que estas pruebas de resistencia exijan a una nuclear española introducir mejoras y su operador no pueda, «desde luego tendrá que cerrar», ha recalcado.

El Ejecutivo también está dispuesto a una modificación del marco normativo si así lo requieren los resultados de dichos análisis.

En este contexto, ha razonado que de todos los accidentes se pueden extraer lecciones y ha recordado que los reactores de Santa María de Garoña y Cofrentes tienen un diseño similar al de Fukushima (agua en ebullición), pero también «están construidas desde el punto de vista sísmico y de riesgo de tsunamis que nada tienen que ver con Fukushima».

Por otro lado, ha indicado que el Ejecutivo mantiene su intención de disminuir progresivamente la participación de la energía nuclear, «aproximando el cese de las centrales cuando dejen de ser útiles».

«No es posible, de hoy para mañana, llevar a cabo una reducción de esa potencia nuclear (20% de la producción eléctrica en 2010)», ha dicho, al tiempo que ha insistido en la apuesta del Gobierno por las energías renovables.

Cierre de Garoña

En cuanto al cierre previsto en 2013 de la central de Garoña, el responsable ha recordado que sus componentes y estructuras se diseñaron para 40 años, por tanto llegará a los 43 años de vida útil.

Y su potencia térmica es de 1.300 MegaWatios, «poco más del 1% de la producción total nacional», en consecuencia su «pequeña capacidad de generación eléctrica» no tendrá «ninguna» repercusión en la garantía de suministro ni en el precio de la factura eléctrica.

El senador popular Antonio Rico, electo por Burgos, ha asegurado que el cierre de Garoña generará más paro y ha denunciado la inexistencia del plan de dinamización para la zona.