El Gobierno quiere consensuar con el PP un control mayor contra el blanqueo de capitales

La primera prioridad del nuevo Gobierno, una vez tome posesión de sus cargos a finales de la semana entrante, será aprobar un plan de medidas para atenuar los efectos de la notable desaceleración económica que sufre el país. Pero en un segundo escalón de asuntos importantes se sitúa con fuerza la lucha contra el blanqueo de capitales (que va unida al elevado movimiento de billetes de 500 euros), donde tiene pendiente de aprobar desde hace meses la tercera directiva comunitaria sobre este asunto -en realidad, el plazo para hacerlo venció el pasado 15 de diciembre-, una adaptación normativa que pretende consensuar con el PP como primera partido de la oposición dados los "elevados riesgos" económicos y sociales que conllevan ese tipo de conductas.

En la agenda del Ministerio de Economía y Hacienda, donde Pedro Solbes y su equipo tienen garantizada la continuidad desde hace tiempo -salvo cambios internos que decida el propio titular del departamento- tienen previsto llevar al Parlamento el proyecto de ley correspondiente (con el que se adaptará la citada directiva) antes del verano, de manera que pudiera ser aprobado entre julio y septiembre por el Congreso de los Diputados (antes, por lo tanto, de los Presupuestos Generales del Estado para 2009), y entre octubre y noviembre por el Senado. Después de haber esperado a que pasaran las elecciones para que el debate sobre el blanqueo no se "contaminara" de cuestiones partidistas, en el Ejecutivo tampoco quieren llegar a finales de año con "prisas de última hora".

En general, tanto los técnicos de Hacienda como los asesores fiscales coinciden en que la tercera directiva sobre blanqueo (aprobada ya en 2005) no conllevará "grandes cambios" para España, pues "buena parte" de las "novedades" que incluye ya existen en la legislación nacional. Los verdaderos cambios frente a las medidas vigentes ahora consisten en un aumento significativo de los sujetos obligados, a los que se les va a exigir adoptar "precauciones similares a los riesgos que adoptan". Así, por ejemplo, bufetes de abogados, notarios, registradores, inmobiliarias, auditores, joyerías o casinos, entre otros, habrán de ser capaces de establecer "un perfil completo de riesgo" de cualquier cliente "dudoso".

En teoría, para las actividades con más medios, como las financieras (bancos y cajas, sobre todo), 'bastaría' con demostrar que poseen herramientas para evaluar el riesgo de que algunos de sus clientes puedan estar blanqueando dinero o financiando a grupos terroristas. En la práctica, sin embargo, se les obligará casi a actuar -salvando, obviamente, las distancias- como si fueran miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial o, al menos, así piensan algunas de las entidades y profesionales afectados. Y es que, a tenor de lo que reza en la citada directiva, habrían de analizar un gran número de datos y variables para elaborar dichos perfiles, desde el origen de los fondos con que se está operando hasta determinar "si podrían prevenir de una actividad delictiva". Y todo ello, además, "sin demora y por iniciativa propia", sin esperar a ser requeridos de manera concreta por los órganos competentes.

Rechazar o gastar más

Con estos condicionantes, los asesores fiscales apuntan que para muchos despachos y entidades, sobre todo los de menor tamaño, será "preferible" rechazar de antemano a algunos clientes si no están en condiciones de cumplir las obligaciones de la directiva. Para el resto, la adaptación a la nueva normativa comunitaria les obligará a aumentar su inversión en prevención del fraude (hasta ahora su labor era casi burocrática y se limitaba a informar de las operaciones que excedieran de 8.000 euros, dando el DNI o similar de la persona física o jurídica que los realizara), sobre todo aquellas que trabajan con el sector inmobiliario (donde más se producen operaciones de blanqueo, según Hacienda), lo que implicará un aumento temporal de costes, por ejemplo, en formar a personal especializado.

Según los últimos datos oficiales disponibles, la Agencia Tributaria denunció el año pasado presuntos delitos relacionados con el blanqueo de capitales por valor de 1.067 millones de euros (más del triple que en 2006), como resultado de un total de 6.166 actuaciones de control (50 menos que el ejercicio anterior). La mitad de las informaciones sobre operaciones dudosas provino de bancos y cajas, y en general -casi nueve de cada diez casos- su "calidad" era "buena", si bien las operaciones de ese tipo comunicadas en España (unas 3.000 al año) apenas representan una tercera parte de las que se notifican en otros países europeos como, por ejemplo, Francia o Bélgica. En cualquier caso, no colaboran igual las inmobiliarias y los despachos de abogados, pues apenas un 4% de ellas cumplen las medidas contra el 'lavado' de dinero 'negro'.