El Gobierno "estudia" ligar el salario de los funcionarios a su productividad. Al menos eso fue lo que declaró ayer el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, que desde la última remodelación de gabinete también posee las competencias de la Administración Pública. Horas después, el nuevo ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, matizó las palabras de su compañero de Ejecutivo y aclaró que ya hay sistemas que incentivan el trabajo de los empleados públicos, por lo que ahora solo "se está buscando mejorarlos".

Todos los ministros del Gobierno intentan poner sobre la mesa los 'esfuerzos' que desde sus respectivos departamentos pueden exhibir para convencer a los mercados de que la disciplina presupuestaria no es cuestión de un día, sino que empieza a arraigar en las cuentas públicas. Al tiempo que el Ejecutivo se tienta la ropa en materia de pensiones -el documento que remitió a Bruselas con la prolongación progresiva hasta los 67 años de la edad de jubilación no ha sido retirada oficialmente, pero nadie apuesta por su mantenimiento- intenta atenuar este efecto con otras reformas. De ahí que, mientras arrecia la tormenta en los mercados de deuda, el Gabinete que preside José Luis Rodríguez Zapatero se esfuerza por transmitir su disposición a acometer nuevos ajustes si fuera necesario.

Propuesta ya en Estatuto

La propuesta manifestada ayer por Chaves ya está recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), firmado por Mª Teresa Fernández de la Vega. La norma contempla una disposición, pactada con los sindicatos, para unir salario y productividad, pero que todavía no se aplica de una manera generalizada por su alto coste, según los sindicatos. Actualmente, estos factores de "motivación personal y de control interno" -tal y como los describe el texto- solo se emplean en la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

El vicepresidente tercero aseguró que actualmente la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Rumí, está estudiando diversas fórmulas sobre la posibilidad de que el sueldo de los empleados públicos esté unido a su rendimiento. Incluso afirmó que próximamente mantendría encuentros con los sindicatos.

Para el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, y tras el recorte de los sueldos de los funcionarios, esta propuesta es una "provocación". "El EBEP no se ha cumplido. Su desarrollo no se ha cumplido. Los acuerdos del 25 de septiembre no se han cumplido. ¿Cómo se va a abordar nada si no se ha cumplido nada?", apuntó, y advirtió a Chaves de que con declaraciones como éstas sólo se generan "falsas expectativas" entre los empleados.

"La norma -señaló el secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC. OO., Miguel Segarra- no se aplica debido a que su implantación supone un incremento de la masa salarial y, como es conocido, el Ejecutivo no solo no pretende gastar más en salarios de personal de funcionarios, sino que los recorta".

Hace unas semanas, el secretario general de la patronal CEOE, José María Lacasa, apostó por medidas para incentivar el trabajo "no solo en la función pública sino también en el sector privado". El responsable del día a día de la patronal apuntó que esta medida es "muy positiva" para la economía y para la creación de empleo.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, tiró de ironía para responder a Chaves. "Si a este Gobierno y a sus miembros les pagáramos por productividad, nos tendrían que devolver dinero", apuntó.

Por otra parte, Manuel Chaves apoyó a los funcionarios ante las voces que piden terminar con su carácter indefinido, porque según explicó no apoya que la administración adopte las formas de "una empresa privada". "El sector privado no presta mejores servicios ni funciona mejor que la administración pública", remachó.