El Gobierno, obligado a aportar más de 3.700 millones de euros para garantizar las pensiones mínimas

La participación del Estado, vía Presupuestos Generales, en la financiación de las pensiones mínimas llegará en 2010 a 2.706,35 millones de euros, importe bastante inferior a los 6.415,95 millones que se necesitan para su cobertura total. El asumir en la presente legislatura el cien por cien de este gasto es uno de los compromisos más caros que el Gobierno debe afrontar. Entre 2011 y 2012, la aportación del Estado tendrá más que duplicarse y, el momento económico no es para ello.

La pensión mínima la fija el Gobierno cada año. Sus titulares han cotizado los 15 años exigidos por ley para percibir el ingreso más bajo del sistema, pero en muchos casos la aportación a lo largo de la vida laboral es insuficiente para acceder a la cuantía establecida. El dinero que resuelve el desfase (entre lo pagado y lo cobrado) es lo que se conoce como complemento de mínimos. Ahora, los 3.709,60 millones que restan de la aportación del Estado corren a cargo de las cotizaciones de empleadores y empleados.

El tiempo apremia porque existe el compromiso de que en 2013 la separación de fuentes financieras en la Seguridad Social sea un hecho, es decir, que las cuotas de empresarios y ocupados se utilicen exclusivamente para las prestaciones de los trabajadores y que los Presupuestos abonen todo lo que se entiende como protección universal, propia de cualquier ciudadano, como la sanidad o la enseñanza. Y, los complementos de mínimos fueron, en su día, calificados como una prestación universal aunque está vinculada al mundo laboral.

Imprescindible

En 2009, el importe total de los complementos se sitúa en 6.415,95 millones de euros, destinados a paliar la 'falta' de cotización de un 30% aproximadamente de los pensionistas del sistema contributivo. En consecuencia, el Estado tendrá que hacerse cargo en los próximos ejercicios de unos 3.709,60 millones de euros, operación muy difícil cuando la aportación anual desde 2002 no ha pasado de 300 millones.

Expertos, políticos y agentes sociales coinciden en que es imprescindible liberar a la Seguridad Social del pago de los complementos. Consideran que solo así existirá garantía de supervivencia para las pensiones públicas. Entonces la separación de las fuentes financieras del sistema de protección social será un hecho y las cotizaciones quedarán exentas de afrontar los complementos que correrán a cargo de los Presupuestos.

Un acuerdo suscrito en 2001 entre el Ejecutivo (entonces del PP), CEOE y CC OO daba margen al Estado para la captación total de los complementos hasta 2013. La renovación del Pacto de Toledo (acuerdo parlamentario suscrito en la ciudad que le dio nombre en 1995, está encargado de velar por el futuro de las pensiones públicas) aconsejó en 2003 acortar el periodo. Los diputados hablaron de 2009. Pero la realidad de la recesión ha dado al traste con esa recomendación. No obstante, el compromiso de 2013 se mantiene vigente.