El Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula el mecanismo para incentivar el consumo de carbón nacional por parte de las eléctricas, un sistema que será "transitorio" y, como máximo, se extenderá hasta 2014.

Así lo anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde recordó que la normativa se sustenta en el procedimiento de resolución de restricciones de garantía de suministro.

La norma no entrará en vigor de forma inmediata

Respecto al hecho de que el real decreto haya sido aprobado sin esperar a conocer la opinión de la Comisión Europea sobre el mismo, De la Vega explicó que la normativa aprobada no entrará en vigor de forma inmediata, ya que cuenta con un periodo de adaptación, en el transcurso del cual esperan que llegue la respuesta de la UE.

Además, "creemos que es acorde con la legislación comunitaria", afirmó De la Vega.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó prorrogar hasta febrero de 2010 el almacenamiento estratégico temporal de carbón y ampliar a 200 millones de euros el importe máximo para la adquisición y gestión de este mineral.

La nueva normativa, que modifica la ley que desde 1997 regula el mercado eléctrico, se debe a que la caída de la demanda eléctrica impide la quema del carbón autóctono, lo que pone en riesgo el mantenimiento de la única fuente nacional de combustible ampliamente disponible, según la reseña del Consejo, en la que se recuerda la condición de "isla energética" de España.

Esta situación se resuelve al priorizar el uso de carbón autóctono en el mercado eléctrico para garantizar el cumplimiento con el Plan Nacional del Carbón 2006-2012 y respetando los acuerdos alcanzados en el mismo.

El real decreto se basa en el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro, según la reseña, en la que se asegura que el mecanismo aprobado "no distorsiona la competencia, porque es posterior a la formación del precio y minimiza el impacto medioambiental al sustituir aquellas plantas que más contaminan por las plantas de carbón autóctono".

La Comisión Nacional de la Energía supervisará los valores de emisión de cada una de las instalaciones térmicas de producción, como paso previo a la utilización de estos valores por parte del operador del sistema.

El mecanismo de resolución de restricciones permite modificar el programa diario del mercado eléctrico para cumplir los criterios de seguridad de suministro, "con el menor impacto económico y medioambiental posible y respetando las limitaciones que sea preciso establecer por seguridad del sistema".

La Ley del Sector Eléctrico, de 1997, estipula que el Gobierno puede establecer procedimientos -compatibles con la libre competencia- para procurar el funcionamiento de las centrales eléctricas que usan fuentes de combustión de energía primaria autóctonas, hasta un máximo del 15% de la energía primaria necesaria para satisfacer la demanda.

El Ejecutivo deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la alteración del precio de mercado, según la ley.