El Gobierno gastará 12.000 millones en carreteras para ayudar a la construcción

En menos de un mes, el Gobierno en funciones se ha comprometido a gastar 12.000 millones de euros en obras de conservación y explotación de carreteras entre 2009 y 2012. Todo un balón de oxígeno para la construcción, que atraviesa momentos muy delicados. Ayer, el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Fomento a adquirir compromisos de gasto por valor de 3.000 millones, que se suman a los 9.000 aprobados en el mismo sentido el pasado 14 de marzo.

Las empresas, por su parte, preparan un plan de colaboración público-privada que presentarán al nuevo Ejecutivo en cuanto esté conformado. El programa se trata de una oferta en firme para financiar proyectos por valor de cerca de 20.000 millones. Un dinero que las compañías recuperarían después mediante concesiones.

El declive del ladrillo, su impacto en las estadísticas del paro y la entrada en concurso de acreedores de algunas empresas del sector han hecho saltar las alarmas. La desaceleración, alentada por la crisis financiera, ha llevado contra las cuerdas a muchas empresas y ha obligado al Ejecutivo a 'ponerse las pilas'. Ya durante la campaña electoral, José Luis Rodríguez Zapatero ordenó a los distintos ministerios inversores que no aflojaran bajo ningún concepto la licitación pública.

Aumenta un 52% la licitación

Y el gabinete ha cumplido. Prueba de ello es la mejora en un 52% de la licitación realizada por el Ministerio de Fomento en los dos primeros meses del año. Un ritmo que, según los constructores se mantendrá en marzo. Entre enero y febrero, el equipo de Magdalena Álvarez ha dado curso a obras de Ave por valor de 546 millones -un importe que multiplica por 21 el del mismo periodo de 2007- mientras las promovidas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte (Seittsa) avanzaron casi un 60% interanual hasta los 666 millones.

Será precisamente la Seittsa quien deba de tomar un protagonismo esencial en los próximos meses. La sociedad fue creada para articular la colaboración público-privada en los proyectos de infraestructuras. La empresa -cuya creación también sirvió para salvar las exigencias europeas en cuanto a endeudamiento del Estado en obra pública y mantenimiento del superávit- se convertirá en la principal destinataria de la propuesta de los constructores.

Devolución en forma de peajes

La patronal del sector (Seopan) ultima estos días su oferta que, precisamente, se acoge a los principios fundamentales del Plan Estatal de Infraestructuras (PEIT) 2005-2020, que contempla que el 20% de los 250.000 millones de gasto previsto corra a cargo de los privados. El plan de Seopan se centra en carreteras, ferrocarriles y en proyectos vinculados con el agua. La idea de los empresarios es pagar de su bolsillo los desarrollos (tienen dinero de sobra para hacerlo) a cambio de que el Gobierno se lo devuelva después a través de peajes u otro tipo de concesiones a largo plazo.

Esos peajes serían probablemente de los denominados 'en sombra', lo que quiere decir que no pagarían los propios usuarios sino la Administración en función del uso de cada infraestructura. En el caso de una autopista, por ejemplo, se pagaría según el número de vehículos que circulen por ella.

En un claro intento de hacer más atractiva su oferta, la patronal Seopan recordó recientemente al Gobierno que las ayudas europeas -que hasta hace poco pagaron buena parte de las grandes obras en España- están condenadas a desaparecer. Esta situación convierte a los constructores en la alternativa a los fondos de Bruselas. Los empresarios del sector, que no dan puntada sin hilo, advirtieron también que tradicionalmente en todos los 'años electorales' la licitación pública se paraliza casi por completo, pues la renovación de carteras y la llegada de nuevos equipos a los ministerios frena en seco muchas iniciativas.