El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Plan de Retorno Voluntario para inmigrantes no comunitarios, al que se podrían acoger unos 100.000 extranjeros desempleados con derecho a paro. Esta iniciativa permite abonar de forma anticipada y acumulada la prestación contributiva por desempleo a los trabajadores extranjeros no comunitarios que hayan perdido su empleo en España y decidan retornar voluntariamente a su país de origen. El acuerdo será efectivo con los 19 países con los que España tiene suscritos convenios bilaterales en materia de Seguridad Social. El abono se realizará en euros y en dos plazos: el 40 por ciento en España y el 60 por ciento en el país de origen.

El Gobierno estima que más de 100.000 inmigrantes podrían acogerse al Plan de Retorno Voluntario aprobado hoy por el Consejo de Ministros. Con él se pretende que aquellos trabajadores extranjeros que hayan perdido su empleo en nuestro país puedan recibir la prestación por desempleo de forma acumulada y anticipada en sólo dos pagos, si deciden volver a su país de origen.

El subsidio se ofrecerá en dos pagos: uno del 40 por ciento, que recibirán estando en España, siempre y cuando les sea reconocido el derecho; y otro del 60 por ciento que recibirán transcurridos treinta días naturales desde el primer pago.

Esta iniciativa tiene carácter "permanente y voluntario", según explicó el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. No obstante, a cambio los trabajadores inmigrantes deberán renunciar a regresar a España en un plazo máximo de tres años, por lo que perderán su permiso de residencia y trabajo en nuestro país.

Esta medida supone "una oportundiad o posibilidad para que la persona en cuestión emprenda una actividad en su país de origen", según Corbacho. Aunque el Gobierno estima que unas 100.000 personas podrían optar al Plan de Retorno Voluntario, las ONG y asociaciones de inmigrantes difieren de esta cifra.

Asi, ATIME (Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España) explicó que las personas que han acumulado prestación suficiente para iniciar un proyecto en su país de origen ya están arraigadas en España, tiene aquí sus familias y preferirán esperar a encontrar otro empleo antes que marcharse.