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Economía
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COMERCIO

El Gobierno endurece el control sobre el fraude en el comercio exterior

El Gobierno, consciente de la importancia que el comercio exterior tiene para España -donde el déficit de su balanza comercial superará este año un saldo equivalente superior al 10% del producto interior bruto (PIB)- y más en una coyuntura de crisis económica como la actual, ha decidido endurecer los controles sobre el fraude en ese área, sobre todo en materia de importaciones pero sin olvidar la necesidad de mantener unos estándares de calidad altos en los productos que las empresas españolas venden a otros países. En el primer caso, el punto de mira de la Administración se fijará, sobre todo, en la adquisición de productos extranjeros por parte de particulares y sociedades nacionales.

En un momento en que la inflación sigue disparada y en julio, según el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística habría trepado hasta el 5,3% (su valor más alto desde enero de 1997), la competencia internacional en materia de precios se agudiza aún más y también los engaños comerciales asociados a esta actividad, que en muchas ocasiones no hacen más que 'engordar' una economía sumergida que todavía representa por encima del 22% del PIB, según calculan los técnicos de Hacienda. Y es que las 'gangas' llegadas de otros países pueden no serlo tanto si se tiene en cuenta que en bastantes ocasiones no cumplen ni la legislación española ni la europea sobre calidad y seguridad y, lo que en última instancia supone un claro perjuicio para el erario público, no pagan las mismas tasas e impuestos que sus homólogos españoles.

Cuatro sectores comerciales son los que más sufren esta competencia desleal, y sobre los que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio va a prestar una atención especial. Se trata del textil y la confección, el calzado y los juguetes, es decir, las principales manufacturas de consumo, junto a los pequeños electrodomésticos y el material eléctrico, partidas que presentan unos claros 'números rojos' dentro de los datos de comercio exterior que recoge el departamento que dirige Miguel Sebastián. De hecho, el 'agujero' que acumulaban los intercambios comerciales de esos artículos superaba los 3.200 millones de euros entre enero y mayo, debido a que el valor de sus exportaciones suponía poco más de la mitad que el de sus importaciones. No obstante, en el calzado aún se mantiene un resultado positivo, aunque modesto, de 22 millones de euros durante los cinco primeros meses de 2008, si bien esta cifra es un 84% inferior a la de hace un año.

Consciente del dinero que arriesgan las empresas españolas que sí 'juegan limpio' con la normativa vigente, el Ejecutivo ha ordenado que los inspectores de Aduanas y los del Soivre, el organismo encargado de controlar las exportaciones agrícolas al extranjero y al que ahora le han dotado de competencias mayores, aúnen esfuerzos para detectar irregularidades en las importaciones de los cuatro sectores industriales citados, justo donde se han detectado más casos de fraude. Según los últimos datos de la Comisión Europea, el número de productos de riesgo retirados del mercado interior comunitario aumentó un 53% en 2007, con más de 1.605 notificaciones, de las cuales más de la mitad se dieron a importaciones llegadas de China. Y es que del 'gigante' asiático proceden ocho de cada diez copias y falsificaciones que entran en la UE y España.

Nueva figura

Con ese refuerzo de los controles se pretende acabar con una cierta sensación de 'puertas abiertas' no deseadas, que no sólo se imputa a España sino también a otros Estados miembros. En el primer caso, los técnicos de Hacienda denuncian que, por ejemplo, en el caso de las adquisiciones de juguetes procedentes de terceros países ajenos a la Unión sólo el 2,2% son sometidos a controles en las aduanas, es decir, apenas la mitad del 5% que exige la normativa comunitaria. La implantación de los operadores económicos autorizados (OEA), una figura creada en Europa en 2005 como sello de garantía que avala la fiabilidad de la mercancía tanto entrante como saliente, debería aumentar la fiabilidad del comercio exterior. En teoría, desde el 1 de enero se podía solicitar este tipo de licencias por parte de las empresas españolas, pero la burocracia y el desconocimiento general han hecho que apenas se haya contado medio centenar de peticiones.

Si se tiene en cuenta que habría 250.000 potenciales interesados en adquirir la condición de OEA en España, o que el Gobierno preveía contar con unas 2.700 solicitudes al cierre del año, se trata sin duda de un bagaje escaso, que explica también que menos de una decena de solicitudes hayan sido aceptadas en lo que va de año. Las principales ventajas para las empresas que obtengan esta licencia, cuya validez respecto a otras regiones ya negocia la UE con EEUU y Japón, y también contempla hacerlo a medio plazo con Latinoamérica -España lo intentará en el primer semestre de 2010 cuando ostente la presidencia comunitaria-, es que estarán sometidas a menos controles y tendrán prioridad en los que se efectúen (que ya no serán de transacciones sino de procedimientos y sistemas), además de que sus mercancías tendrán menos riesgo de sufrir retrasos.

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