A los contribuyentes les esperan al menos cuatro años de padecimientos. Es el plazo de que dispone el Gobierno para reconducir el elevado déficit, que en 2009 llegó al 11,4% del PIB, y situarlo por debajo del techo del 3% que establece el pacto de estabilidad de la Unión Europea. El Ministerio de Economía envió ayer a Bruselas la actualización de su Programa de Estabilidad 2009-2013, en el que detalla su estrategia para equilibrar las cuentas del Estado. Menos inversiones, más deuda pública y más impuestos serán las claves para atajar los números rojos.

El documento enviado a la Comisión Europea propugna reducir el déficit del conjunto de las administraciones en 4,3 puntos del PIB mediante "una firme restricción del gasto con un incremento moderado de los ingresos". Es lo que haría, a menor escala, cualquier familia o empresa en dificultades, limitar gastos y tratar de llenar más el cajón. Pero cuando un gobierno adopta una estrategia de ese tipo la factura la pagan los ciudadanos de hoy y mañana. Los primeros porque verán crecer la presión fiscal al tiempo que el Estado reduce los servicios e inversiones para los que creían pagar impuestos, y las generaciones futuras porque heredarán un país mucho más endeudado.

Los planes inmediatos del Ejecutivo contemplan reducir el presupuesto de 2010 en 5.000 millones, 3.500 millones a costa de los ministerios. Más de la mitad de ese ahorro, 1.760 millones, lo sufrirá Fomento, el gran departamento inversor y responsable de la construcción de infraestructuras, que en el momento de redactar las cuentas se había librado del tijeretazo por considerar el Gobierno que la inversión productiva es la que genera empleo.

Recorte en salarios públicos

El recorte seguirá en los tres años siguientes, en los que la inversión "disminuirá su peso en 0,9 puntos del PIB, lo que supone un retroceso del 14% respecto al nivel de 2009". Economía señala que "las inversiones en infraestructuras serán las menos afectadas, pero se resentirán significativamente". El plan prevé haber reducido en 2013 al 2,9% del PIB el esfuerzo inversor del sector público, que desde mediados de los noventa registraba un 3,5% del PIB de promedio anual. Habrá una reducción importante en las retribuciones de los funcionarios (1,9% del PIB).

La deuda pública -hoy en el 55,2% del PIB- aumentará 19 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 74,1%, su nivel más alto desde que hay registros. La presión fiscal -en el IRPF, Sociedades, IVA e impuestos especiales- escalará progresivamente desde el 30,4% en 2009 hasta el 34,2% en 2013. El Ejecutivo espera unos ingresos adicionales equivalentes a un 1,4% del PIB.