El Gobierno diseña una reforma laboral con los cambios posibles

La negociación de la reforma laboral se encuentra en fase terminal. Los pronósticos apuntan a un fatal desenlace aunque se desconoce la fecha de la ruptura. Las reuniones oficiales prosiguen acompañadas de llamadas telefónicas y contactos bilaterales a diversos niveles pero las diferencias insalvables entre las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC. OO. y UGT persisten.

Mientras tanto, el Gobierno ha diseñado el decreto con todos los cambios posibles y se va a conceder tiempo para ver cuáles deja y cuáles quita. La mano decisoria será la del propio presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.

El encuentro celebrado ayer con los líderes de CEOE (Gerardo Díaz Ferrán), CC. OO. (Ignacio Fernández Toxo) y UGT (Cándido Méndez) y el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, concluyó sin la más mínima aproximación. No obstante, los interlocutores se mostraron animados, dentro del fuerte pesimismo que planea sobre el proceso. En un escueto comunicado conjunto aseguraron que “todavía hay margen para el acuerdo” por lo que “han decidido continuar reuniéndose en los próximos días”, si bien no dan fechas para las próximas reuniones.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda y responsable de Economía, Elena Salgado, habló ayer (en un acto del Instituto de la Empresa Familiar) de llevar a cabo con o sin acuerdo la reforma laboral antes de julio, lo que supone que el Ejecutivo ha flexibilizado su postura de cerrar ya la negociación. El tiempo viene bien para escenificar el acuerdo que parece más que remoto o el fin de la negociación. Cada interlocutor tomará la posición que considere oportuna para evitar aparecer como “el malo de la película”. El Gobierno se prepara y, consciente de que habrá medidas impopulares, hace hincapié en que está dispuesto a asumirlas, dijo Salgado.

Despido objetivo

Otras fuentes consultadas aseguran que el decreto está diseñado y muy abierto en busca de un equilibrio de intereses. De momento, recoge casi todas las materias que han estado encima de la mesa de debate, incluido el despido objetivo, uno de los escollos para el entendimiento e hipotético detonador de la convocatoria de huelga general.

Este despido procedente por causas de producción, económicas, tecnológicas u organizativas conlleva una indemnización de 20 días por año de servicio (con un máximo de 12 mensualidades), mucho más barata que la correspondiente al despido improcedente (33 ó 45 días). Este cambio supondría suavizar los requisitos que se exigen a las empresas para probar que los motivos alegados justifican la expulsión del trabajador. La flexibilidad en este capítulo iría compensada con medidas alternativas para la recolocación (fomento de la movilidad funcional y geográfica, nuevas planificaciones, etc.) capaces de reducir el número de despidos.

En el boceto de decreto figura igualmente la generalización del contrato de fomento del empleo, de carácter indefinido, creado en 1997 para luchar contra la temporalidad, con la indemnización por despido improcedente de 33 días por año de servicio. La posible aplicación de esta medida también ha sido utilizada por los sindicatos como justificación para la huelga general.

El objetivo inicial del contrato de fomento era facilitar la contratación estable de los colectivos con mayores problemas. Los sindicatos argumentan que su extensión conlleva la desaparición del contrato ordinario indefinido, cuya ruptura improcedente cuesta 45 días por año e interpretan que se trata del temido abaratamiento del despido que Zapatero rechazó desde que llegó a la Moncloa hasta que en abril pasado entregó a empresarios y sindicatos una propuesta de negociación en la que abiertamente apostaba por reducir el coste de la indemnización de los contratos indefinidos.

Una cuestión en la que sí hay sintonía entre las partes es el establecimiento de un plan de choque para el empleo juvenil que permita a este colectivo reducir su tasa de paro, situada en el 40%. Los borradores pretender hacer esta modalidad de empleo más atractiva que el simple contrato temporal. El proyecto -que en caso de ruptura estará incluido en el decreto del Gobierno- se basa en impulsar los contratos para la formación que permiten la adquisición teórica y práctica de un oficio o la entrada en un puesto de trabajo que requiera cierto nivel de cualificación. Esta modalidad de empleo se dedica a los jóvenes de 16 a 21 años. La reforma ampliaría la edad hasta los 25 años, aunque CEOE pedía hasta los 30.