El Gobierno va a desarrollar la Ley de Morosidad y va a poner en marcha, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una serie de líneas para que los ayuntamientos puedan atender a las facturas que tienen pendientes con empresas y autónomos. Así lo indicó ayer el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, quien reconoció que la puesta en marcha de esta medida se está retrasando por su complejidad.

La apertura de estas líneas del ICO constaba en una de las enmiendas de la Ley de Morosidad que se introdujo en el Senado y que se aprobó en el Congreso, con el único voto en contra del PSOE, que no apoyó esta iniciativa, aunque votó a favor de la ley en su conjunto. Tras reconocer la "asfixia" económica de los ayuntamientos, Hernando se mostró convencido de que los alcaldes, con independencia de su color político, hacen los máximos esfuerzos para no recortar ningún servicio público.

Para aliviar esta "asfixia financiera", el Gobierno ha puesto en marcha el Fondo Estatal de Inversión Local en 2009 y el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local en 2010, dotados con 13.000 millones de euros, y ha diseñado una serie de líneas del ICO para que los ayuntamientos puedan atender a sus facturas pendientes, recordó. Estas medidas se adoptarán antes de que pueda aprobarse un nuevo sistema de financiación local, ya que ahora, tal y como ha dicho el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, es "casi imposible" ponerlo en marcha.

Mientras tanto, el Ejecutivo se ha comprometido a que la Ley del Gobierno Local se tramite en las Cortes en el próximo periodo de sesiones en septiembre. "Si a lo largo de la legislatura hay oportunidad, sacaremos adelante la Ley de Haciendas Locales", puntualizó Hernando, quien dejó claro que ahora todas las administraciones "tienen que apretarse el cinturón".