El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) pagará hasta cinco meses de salario primero a los trabajadores de Dhul, pero el resto de empleados de Nueva Rumasa tendrá que esperar a que sus empresas sean declaradas en concurso de acreedores o iniciar trámites judiciales para que el órgano se subrogue en su posición.

Según han informado fuentes del Ministerio de Trabajo, los trabajadores de Dhul serán los primeros en cobrar sus salarios del FOGASA, para lo que se requiere que la administración concursal de la compañía emita los correspondientes certificados de reconocimiento de las cantidades que se adeudan por mes a cada empleado.

Según ha trasladado la administración concursal a los representantes de los trabajadores, esos certificados se tramitarán «a la mayor brevedad posible» y como máximo en unas semanas, gracias a que Dhul ya había reconocido las cantidades adeudadas a los empleados, que coinciden sustancialmente con las cantidades que éstos reclaman. De hecho, el FOGASA ha quedado en comunicar este viernes a la administración concursal los conceptos que debería incluir el certificado provisional.

Los importes adeudados oscilan en función de las empresas y van desde el mes adeudado en Carcesa al caso de Clesa, donde se les debe dos pagas extras y las mensualidades de enero y febrero.

El resto de trabajadores de Nueva Rumasa, cuyas empresas no están en concurso de acreedores, tardarán más en cobrar del FOGASA los salarios que les adeudan sus respectivas compañías, ya que tendrán que esperar a que sean declaradas en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) o iniciar trámites administrativos y judiciales para que el organismo público se subrogue en su posición.

Tan sólo Clesa y Cacaolat tienen previsto presentar concurso de forma inmediata, mientras que cerca de 30 compañías de Nueva Rumasa agotarán en principio el plazo de hasta cuatro meses que tienen para intentar renegociar las deudas con los acreedores y evitar el concurso de acreedores.

Para no esperar hasta que sean declaradas insolventes, los trabajadores deben acudir a los servicios de mediación y arbitraje de las respectivas Comunidades Autónomas con el objetivo de que se les reconozcan las deudas por mes y por persona.

Con esos certificados deben iniciar acciones ante los Juzgados de lo Social para que dicten la insolvencia provisional de sus respectivas empresas y el FOGASA pueda pagarles los salarios atrasados, hasta un máximo de 150 días (5 meses).

El Gobierno estudiará la viabilidad de Nueva Rumasa

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha asegurado que hay «muchas empresas» dentro del grupo Nueva Rumasa que con un cambio de gestión «pueden ser salvadas» de la quiebra, y ha anunciado que ése será el cometido del grupo de trabajo que el Gobierno ha creado para analizar la viabilidad de la compañía.

En rueda de prensa tras la constitución de la comisión de expertos que se encargará de desarrollar el fondo de capitalización del despido, Gómez ha explicado que el grupo de trabajo estará formado por los ministerios de Trabajo, de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y, previsiblemente, Economía.

Conjuntamente con los sindicatos se analizará la situación del conglomerado empresarial que preside José María Ruiz-Mateos, después de que dos de sus empresas ya hayan presentado el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos).

Dentro de ese grupo de análisis, la acción del Ministerio de Trabajo, de la Seguridad Social y del FOGASA «tiene que estar dirigida a la reconstrucción de la viabilidad» de las empresas del grupo que puedan ser salvadas, ha añadido el ministro.