El Estado tardó 18 años en prohibir el uso del amianto

El Estado español desoyó en 1984 las peticiones de los médicos de prohibir la utilización industrial del amianto, tras detectar los primeros casos en los años 70, con el objetivo de evitar el coste económico y laboral de su supresión, que finalmente se llevó a cabo en 2002. Así lo reveló ayer el neumólogo Juan Ignacio Camargo Ibarra, durante su declaración como perito en el juicio por la demanda presentada contra la empresa Uralita por 47 ciudadanos afectados por amianto de las localidades barcelonesas de Cerdanyola del Vallés y Ripollés, que reclaman indemnizaciones por valor de cinco millones de euros.

"En 1984, los médicos apoyamos la prohibición del amianto, pero no se admitió por cuestiones económicas", explicó Camargo, quien declaró a petición de Uralita, y matizó que la normativa no incluyó la recomendación por los "costes laborales y empresariales" que podrían derivarse de su total prohibición. El perito era uno de los tres médicos que formaban parte de la Comisión Nacional de Seguimiento del Amianto.

Así, el entonces Gobierno de Felipe González estableció una moratoria y se limitó a restringir los niveles de exposición de los trabajadores al amianto a una fibra por centímetro cúbico en la Orden Ministerial de 1984. En 1993 el nivel se bajó a 0,6 fibras por metro cúbico hasta su prohibición en 2002.

Por otro, el médico explicó que las afecciones relacionadas con el amianto (placas pleurales, mesotolioma, asbestosis y cáncer de pulmón) están catalogadas como enfermedades laborales y son indemnizables, pero explicó que no existen estudios "fiables" que demuestren la incidencia medioambiental de esta materia prima.

Este es el primer juicio que se celebra en España por una demanda civil presentada por un grupo de habitantes de poblaciones próximas a una de las fábricas que usaron el amianto.