Las pensiones no se reformarán por decreto

El Gobierno ha dulcificado un tanto su discurso sobre los cambios en materia laboral y de pensiones que, eso sí, tiene más que decido sacar adelante en los próximos meses. Tras el encontronazo frontal con los agentes sociales que supuso la reforma unilateral del pasado mes de junio, luego avalada por el Parlamento, y la brecha abierta con los sindicatos, que terminó en la huelga del 29-S, el Ejecutivo quiere ahora calmar las aguas.

Al menos, ofrecer una imagen distinta y menos rígida, no solo con patronal y sindicatos sino hacia el conjunto de la sociedad e, incluso, los grupos parlamentarios.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aseguró ayer que la nueva legislación sobre las pensiones no se hará nunca a golpe de 'decretazo'. El hombre fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, insistió en el mensaje de su compañero de gabinete para subrayar la total voluntad de diálogo del Gobierno.

"Lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas", sentenció el vicepresidente primero. Queda así, de alguna forma, superada la reciente etapa en la que el Ejecutivo advertía una y otra vez de que gobernaría por encima de todo, hubiera o no acuerdos. "No habrá un decreto, yo soy de los que piensan que una reforma de la magnitud de la que nos ocupa, por la importancia del sistema de pensiones, no puede ser llevada a cabo por decreto", apuntó Gómez.

Pacto de Toledo

La intención del Ejecutivo, que prevé un intenso mes de diciembre en el marco del Pacto de Toledo, es cerrar el año con una propuesta concreta por parte de ese órgano para sentarse después con los agentes sociales a discutir los cambios legales. El calendario sitúa el momento clave de la reforma a finales del primer trimestre, cuando Gómez prevé remitir a las Cortes "un proyecto de ley, y no un decreto-ley", apuntó.

Por otra parte, Valeriano Gómez quiere iniciar el próximo enero la reforma de las Políticas Activas de Empleo, para las que hay destinadas cerca de 7.400 millones en el presupuesto de 2011. Un cambio que requiere un acuerdo con las comunidades autónomas, que gestionan buena parte de ese dinero.