El Gobierno ya tiene elaborado el borrador del decreto de reforma del mercado laboral, si bien se muestra dispuesto a aceptar aquellos cambios en los que empresarios y sindicatos puedan alcanzar el consenso en los días que restan hasta el 16 de junio, algo impensable con las posiciones que defienden en estos momentos. Los planes del Ejecutivo establecen una mayor flexibilidad en el despido y medidas para desincentivar la temporalidad en los contratos, pero también acuerdan la creación de un fondo para indemnizaciones con aportaciones empresariales y del Estado, y lanzan un plan de choque para fomentar el empleo juvenil.

El proyecto incorpora medidas que pueden satisfacer las demandas de cada una de las partes, y así lo dejó entrever la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, al declarar que "ya hay puntos de acuerdo y también de desacuerdo entre los interlocutores". Pero ni las centrales ni la patronal consideran satisfactoria una fórmula 'de medias tintas' y critican que, en la búsqueda de soluciones parciales, los problemas se puedan quedar sin resolver.

Un despido más flexible

En la actualidad ya existe un despido procedente por causas de producción, económicas, tecnológicas u organizativas. Conlleva una indemnización de 20 días por año trabajado (con un máximo de 12 mensualidades) y resulta mucho más barata que la correspondiente al despido improcedente (33 o 45 días). El cambio supone suavizar los requisitos que se exigen a las empresas para probar que los motivos alegados justifican la expulsión del trabajador, y responde a una insistente demanda de la patronal.

La flexibilidad en esta materia iría compensada con medidas alternativas para la recolocación (fomento de la movilidad funcional y geográfica, nuevas planificaciones, etc.) con las que se pretende reducir el número de despidos.

Plantea el borrador la constitución, mediante aportaciones de las empresas, de un fondo de indemnización equivalente a ocho días de salario, que los trabajadores se podrán llevar si se cambian de empleo. Es una copia del 'modelo austríaco'.

En el boceto de decreto figura igualmente la generalización del contrato de fomento del empleo, de carácter indefinido, creado en 1997 para luchar contra la temporalidad, con la indemnización por despido improcedente de 33 días por año de servicio. El objetivo inicial del contrato de fomento era facilitar la contratación estable de los colectivos con mayores problemas. A lo largo de los años los destinatarios han aumentado. Solo están excluidos los varones de 30 a 45 años que no lleven más de seis meses en el paro.

Los sindicatos argumentan que esta extensión conlleva la desaparición del contrato ordinario indefinido, cuya ruptura improcedente cuesta 45 días por año e interpretan que se trata del temido abaratamiento del despido que Zapatero rechazó desde que llegó a la Moncloa hasta que el pasado mes de abril entregó a empresarios y sindicatos una propuesta de negociación en la que abiertamente apostaba por reducir el coste de la indemnización de los contratos indefinidos. Con el fin de que el despido sea el último instrumento a utilizar por las empresas en los ajustes, se contempla la reducción de jornada compatible con el cobro de una parte de la prestación por desempleo. Es el llamado 'modelo alemán'.

Para combatir la elevada proporción de contratos temporales, el borrador reduce a 2 años máximo la duración del contrato de obra que ahora no tiene límite alguno. También encarece el despido en las subcontrataciones para subirlo a diez días en vez de ocho.

Empresarios y sindicatos se muestran de acuerdo en el establecimiento de un plan de choque para el empleo juvenil. El borrador del Gobierno impulsa los contratos para la formación que permiten la adquisición de un oficio. Esta modalidad de empleo se limita en la actualidad a los jóvenes de 16 a 21 años y la reforma ampliará la edad hasta los 25 años. Por añadidura, proporcionará el derecho a la prestación de paro a sus titulares, beneficio del que ahora carecen.