El Consejo de Ministros aprueba el proceso de privatización parcial de AENA

El proceso de privatización parcial de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) fue aprobado por el Consejo de Ministros, según informó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. El Ejecutivo tiene previsto crear una nueva sociedad para la gestión de los aeropuertos, que permitirá una participación de hasta el 30 por ciento al capital privado. Además, en los aeropuertos que tengan más de 30 millones de viajeros, que son el de Madrid-Barajas y el de Barcelona-El Prat, se dará entrada a las comunidades autónomas.

Para el desarrollo del proyecto, que tendrá una duración aproximada de dos años, el Gobierno tiene previsto crear una nueva sociedad para la gestión de los aeropuertos, que quedará separada de la navegación aérea. "AENA se mantiene como entidad pública empresaria estatal, con una separación clara entre la navegación aérea y la gestión aeroportuaria", explicó el Ejecutivo.

La nueva sociedad estatal encargada de la dirección de los aeropuertos del Estado estará participada al cien por cien por AENA, que posteriormente irá dando entrada a capital privado poco a poco, hasta alcanzar un porcentaje máximo del 30 por ciento, a través de un sistema que será recomendado por un banco de negocios y aprobado por el Gobierno. Sobre esto, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, indicó que el valor global de AENA es de 30.000 millones de euros, de los cuales unos 23.000 millones corresponden a fondos propios y el resto a endeudamiento, datos que se tendrán en cuenta a la hora de aceptar el capital privado.

Álvarez, que solicitó una comparecencia en el Congreso para informar sobre este nuevo modelo, afirmó que el objetivo de este cambio es "garantizar la seguridad y la calidad del servicio", así como acercarse a la consecución del espacio único europeo, teniendo en cuenta que los aeropuertos seguirán funcionando como red. Desde la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo se aplaude la decisión, a la espera de conocer los detalles definitivos, pues consideran que la entrada de capital privado en AENA podría favorecer la calidad y flexibilidad del servicio aéreo.

La otra gran medida anunciada es que en aquellos aeropuertos "cuya gestión sea especialmente compleja, dados los niveles de volumen de tráfico en el conjunto aeroportuario", establecido en 30 millones de pasajeros, se permitirá la entrada de las comunidades autónomas. La ministra puntualizó que los únicos aeropuertos que en estos momentos cumplen dicha condición son el de Madrid-Barajas y el de Barcelona-El Prat, por lo que el ejecutivo madrileño y la Generalitat catalana serán los únicos gobiernos autonómicos que tendrán derecho a la gestión aeroportuaria, aunque no se detalló qué porcentaje del control podrían alcanzar.

Medida polémica

Esta medida, a pesar de todo, no satisface a los partidos catalanes, que consideran que no es suficiente. El que más crítico se mostró es el CiU, que calificó la propuesta de "mero maquillaje" que no sirve para Cataluña, como declaró el portavoz de Fomento de CiU en el Congreso, Pere Macías. El representante de la federación catalana recordó que su formación lleva mucho tiempo reclamando un "cambio sustancial" en este asunto, y acusó directamente a la ministra de Fomento de impedir un acuerdo para favorecer el traspaso de los aeropuertos catalanes a la Generalitat. Por último aseguró que si no hay un "cambio sustancial" en la propuesta, desde su partido no la apoyaran.

Desde la Generalitat fueron menos negativos, y valoran el paso adelante que supone esta medida, pero sigue siendo "insuficiente", como manifestó el secretario de Movilidad, Manel Nadal. También instó al Ejecutivo central a que concrete el porcentaje que le corresponde a las comunidades, aunque aseguró que lo que más les interesa es tener peso a la hora de tomar decisiones estratégicas, principalmente en el campo de las rutas, los 'slots' o los planes estratégicos. Para finalizar lamentó que no se hable de las otras reivindicaciones catalanas con respecto a los aeropuertos de Sabadell, Girona-Costa Brava y Reus, aunque seguirán pidiendo que sean transferidos.