El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, pidió ayer al Gobierno ajustes más profundos. La reestructuración y reforma del sistema financiero, junto con el ajuste presupuestario y las reformas laboral y de pensiones son -a su juicio- los cambios más urgentes para recuperar «la confianza en la economía española», pero no los únicos que deben abordarse.

Su mayor preocupación es que «la política económica responda con suficiente grado de ambición y decisión» para reparar los desequilibrios acumulados y comience la senda del crecimiento. Y, dentro de ese camino, el ajuste presupuestario y la consolidación fiscal ocupan un lugar primordial.

Sobre la reforma laboral, destacó que ve lagunas, y aunque admitió que “hay avances” que flexibilizan el mercado de trabajo, “hay que seguir trabajando” para cubrir esas deficiencias. Los aspectos más problemáticos, a su juicio, son los límites a la temporalidad de los contratos y la penalización de determinadas formas de contratación. Hizo hincapié en que las penalizaciones a algunos contratos constituyen un error, porque con cuatro millones y medio de parados eso no es lo más apropiado para reactivar las incorporaciones laborales.

Las pretensiones de Fernández Ordoñez sobre los ajustes habían sido contestadas y descalificadas en múltiples ocasiones por el Gobierno, incluido su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta que han llegado los decretos con ajustes y reformas, esas propuestas del regulador siempre habían sido rechazadas por «neoliberales» y «conservadoras», términos empleados por varios miembros del Ejecutivo.

El giro adoptado por Rodríguez Zapatero en su política socio-económica, atiende muchas de las demandas del gobernador. La respuesta llega a tal punto que los sindicatos aseguran que el banco emisor es quien marca la política económica y laboral de España.

Las declaraciones de Fernández Ordoñez tuvieron lugar en la comisión de Economía del Congreso, donde explicó el informe anual de 2009 del Banco de España. El gobernador reconoció que la incertidumbre generada ha descendido, pero instó al Gobierno a “actuar con decisión para evitar una senda prolongada de bajo crecimiento” porque el objetivo de dejar el déficit público en el 6% en 2011 es “inamovible” e “imprescindible” para reconducir “con claridad” las finanzas públicas hacia una senda de estabilidad. En su opinión, se trata de un objetivo que no debe estar condicionado por otros factores, aunque “estén fuera del control de las autoridades, como un crecimiento económico inferior al esperado”.

Reestructuración

Fernández Ordóñez dio cuenta también del proceso de reordenación del sistema financiero, obligado -dijo- por un claro exceso de capacidad, y señaló que el grueso del ajuste entre las cajas se ha completado ya. Queda ahora, añadió, el cambio legal que permita a las cajas dotarse de mecanismos ágiles para captar capital.

El gobernador repasó la labor del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), para detallar que de los 12 procesos de integración existentes siete se plantean con ayudas de ese mecanismo, que prestará unos 10.000 millones de euros. Un dinero que servirá también para apoyar a los protagonistas a aquilatar su tamaño, pues se prevé una reducción de oficinas de hasta el 25% y de plantillas del 15%. Otros cinco procesos no necesitan ese apoyo. A fecha de hoy, 38 de las 45 cajas (39 si se incluye a Cajasur) participan este baile, que ha puesto en movimiento el 92% de los activos de este segmento. A esto se suma, matizó, los 800 millones destinados a la intervención de Cajasur y los 3.775 millones del Fondo de Garantía de Depósitos utilizados en la intervención de Caja Castilla-La Mancha.