EE.UU. ampliará las ayudas a empresas no bancarias y a propietarios de viviendas

El Gobierno de EE.UU. extenderá sus ayudas a empresas no bancarias pero vitales para el consumo, como las tarjetas de crédito y los préstamos para automóviles, y analiza nuevas medidas para evitar más ejecuciones hipotecarias.

Así lo anunció el secretario del Tesoro, Henry Paulson, quien compareció en rueda de prensa para dar una actualización de la marcha del plan de rescate de 700.000 millones de dólares que el Gobierno aprobó en septiembre. Paulson defendió las medidas tomadas bajo el plan, al asegurar que "nuestro sistema (financiero) está más fuerte y estable", si bien reconoció que el mercado financiero "permanece frágil" y que el centro de atención debe ser "reparar" la economía.

En este sentido, Paulson admitió que sigue habiendo "muchos desafíos" para superar la crisis financiera, por lo que su departamento ha definido ya los ejes de una segunda fase del plan de rescate con tres líneas de actuación.

Una de las tres medidas, quizá la que más efecto tiene en las economías familiares de los estadounidenses, será la de ayudar a las empresas financieras no bancarias y que, según Paulson, están "tocando fondo". "Este mercado, que es vital para la financiación y el crecimiento, ha llegado prácticamente a la paralización total".

El Tesoro está pensando en crear un instrumento que pueda comprar bonos respaldados por la deuda de alta calidad de estas empresas, con objeto de darles de nuevo liquidez, aunque este plan puede tardar "semanas" en ejecutarse. Este instrumento también podría ser usado para "respaldar" títulos hipotecarios comerciales y residenciales, dijo el titular del Tesoro.

Esta medida será financiada en parte mediante el dinero que el Gobierno se ha ahorrado cuando decidió no adquirir activos "tóxicos" relacionados con las hipotecas, una medida que fue inicialmente el corazón del plan de rescate.

Inversión en acciones bancarias

Pero ante el rápido empeoramiento de la economía, Paulson pronto cambió de foco hacia los bancos y reconoció abiertamente que "no era la manera más efectiva" de emplear fondos públicos. El secretario del Tesoro señaló que el Gobierno seguirá invirtiendo en acciones de los bancos, aunque quiere obligar a las entidades que se beneficien de estas medidas a que capten también financiación privada, como parte de la segunda medida anunciada dentro de la segunda fase del plan de rescate.

El Gobierno puede comprar acciones en entidades financieras por un importe de hasta 250.000 millones de dólares. A fecha de 26 de octubre, el Tesoro se ha gastado 115.000 millones en ocho grandes entidades y ha aprobado otras doce solicitudes bajo esta iniciativa.

Una condición para que un banco se pueda acoger a este plan, es, subrayó Paulson, "que las entidades sigan prestando" al mercado.

Propietarios de viviendas

El tercer gran pilar de la nueva fase del plan de rescate beneficiará a los propietarios de viviendas morosos y que se podrán someter a una revisión de las condiciones de sus hipotecas. "Ahora que no estamos planeando comprar activos 'tóxicos' relacionados a las hipotecas tenemos que buscar otra vía" para prevenir las ejecuciones, afirmó Paulson.

Uno modelo a seguir podría ser el impulsado por la presidenta de la Corporación Federal Aseguradora de Depósitos (FDIC, en sus siglas en inglés), Sheila Bair, a través del cual se han modificado ya 3.500 créditos hipotecarios, lo que ha reducido a los propietarios su cuota en una media de 380 dólares al mes ó un 23 por ciento.

Gracias a este nuevo plan y otras iniciativas ya existentes, "potencialmente cientos de miles de propietarios con problemas podrán mantener sus casas con una cuota asequible en sus hipotecas", subrayó Paulson. Por otra parte, y pese al reclamo de los demócratas, el secretario del Tesoro dejó claro que otras industrias no financieras, como el automovilístico, no tendrán acceso al plan de rescate de 700.000 millones de dólares.

Si bien reconoció que el sector automovilístico "necesita una solución", porque es muy "importante" y "crucial" para el país, considera que esa solución pasa por que el Congreso modifique una ley que otorga 25.000 millones de dólares en préstamos a la industria para producir vehículos menos contaminantes.