El presidente del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE), Antonio Ruiz, y seis de los ocho miembros de la junta rectora de este órgano han presentado su dimisión. La decisión fue aprobada por la práctica totalidad de la asamblea celebrada la tarde del pasado jueves. Con este gesto, explicó Ruiz, el comité quiere mostrar su «desacuerdo» a la política en materia de agricultura ecológica realizada por el titular de Agricultura en el Gobierno de Aragón, Gonzalo Arguilé.

El presidente de CAAE, que presentó su dimisión ayer en el Registro General de la Diputación General de Aragón, justificó su postura criticando el recorte aplicado por el Gobierno regional en las ayudas que hasta ahora recibía tanto el órgano gestor como los productores y operadores. Lo hizo con datos. Recordó que mientras en España la superficie agraria dedicada a este tipo de cultivos -que excluyen el uso de fertilizantes y plaguicidas- crecía un 118% entre 2004 y 2009, Aragón ha visto reducir su presencia un 12,53%, con lo que ha pasado de ser la segunda comunidad en extensión (con 78.000 hectáreas) a ser la séptima (63.000 hectáreas).

El motivo lo tiene claro el presidente de CAAE, que cuenta con el apoyo de la organización agraria UAGA. «La base de estos problemas ha estado en la débil cofinanciación aragonesa a las ayudas de Europa y la negación a los productores de todo tipo de ayudas al control y certificación desde el año 2010», detalló. Hay más. Los responsables del comité -que integra a 687 productores y 95 empresas- creen que su oposición a los cultivos transgénicos les ha pasado factura.

«Desidia»

Antonio Ruiz, que ocupa la presidencia de este órgano desde 1998, criticó además la «desidia» del Gobierno, que «todavía» no ha publicado el reglamento para que, tal como establece la Ley de Calidad Alimentaria de 2006, el CAAE pueda constituirse como corporación de derecho público.

Por eso, y como es un órgano desconcentrado de la Administración, el presidente recordó que con estas dimisiones «se devuelve el órgano a la Consejería y que ellos hagan lo que consideren». Destacó, sin embargo, que según establece la norma «el comité tiene un mes para proponer un candidato a la presidencia cuyo nombramiento tiene que realizar el consejero Arguilé».

Desde Agricultura se aseguró ayer que no habían recibido dichas dimisiones. Una vez que lleguen al departamento, el consejero deberá decidir si las acepta o no. En caso afirmativo, Arguilé podría optar, según la norma de 1995, por crear una junta gestora para que dirija este órgano hasta su constitución (que la consejería prevé sea en breve) en corporación de derecho público y su convocatoria de elecciones.

No es este el único desacuerdo entre los representantes del comité y el Departamento de Agricultura. Entre ambos y en los juzgados se libra un contencioso administrativo ya que la Intervención General reclama la devolución de 182.000 euros correspondientes a ayudas de 2005-2006 «cobradas indebidamente». Una cantidad que la asamblea de CAAE considera que no tiene que pagar.