Defraudadores somos casi todos

Un 43% de los ciudadanos encuestados por el Instituto de Estudios Fiscales en su Barómetro anual justifica el fraude tributario. Para el 34%, las circunstancias "obligan a incumplir los deberes fiscales para salir adelante", mientras el 9% restante considera que "lo normal es evadir impuestos". La evolución de este pensamiento poco tiene que ver con la crisis. En 2007, el último año de bonanza, un 41% de los consultados aceptaba que los contribuyentes engañaran al fisco si se veían obligados a ello por causas económicas, junto al 8% que cuestionaba de plano el pago de impuestos con el argumento de que "todos tienden a hacerlo".

Las vacas flacas han deteriorado, eso sí, la idea que los contribuyentes tienen de la honestidad tributaria de sus conciudadanos. En 2009, dos tercios de los encuestados piensan que el fraude fiscal ha aumentado en la última década. Excluido el efecto de la falta de respuestas, la proporción de quienes perciben un incremento de la conducta defraudadora se dispara al 75%, la más elevada desde que en 1995 se inició esta consulta. Antes de la recesión, ese porcentaje se situaba en el 51% y llegó a ser del 24% hace justamente diez años.

La consulta revela que uno de cada dos españoles considera el fraude fiscal una práctica generalizada. Y, cuando se habla de defraudadores contumaces, a los encuestados les viene a la mente la imagen de un empresario. Por eso, un 47% atribuyen a los emprendedores la actitud fiscal más deshonesta. Incluso los propios hombres de negocios parecen dispuestos a la autocrítica, porque un tercio del grupo de empresarios entrevistados opina que es su colectivo el que más engaña.

A gran distancia figuran las profesiones liberales (16% de menciones, frente al 14% de la consulta anterior) y los autónomos, que suben al 15% desde el 11% precedente. Constructores, mafias, políticos, famosos, la banca, los funcionarios o los trabajadores de baja por enfermedad suman el 10% del total de citados.

Los resultados de la última edición de esta encuesta confirman que la impunidad de los defraudadores y la ineficacia de la lucha contra el fraude son las principales causas del incumplimiento tributario en nuestro país.

Economía sumergida

La casi totalidad de la población encuestada (un 95%) piensa que el comportamiento defraudador tiene consecuencias negativas. La economía sumergida -la práctica de ocultar actividades a Hacienda y a la Seguridad Social- se considera el tipo de fraude más perjudicial para el conjunto de la sociedad. Los técnicos del Ministerio de Hacienda, al conocer este dato, insisten en su estimación de que la economía sumergida alcanza en España el 23,3% del Producto Interior Bruto, es decir, que unos 240.000 millones de euros escapan al control del fisco. Por eso reivindican como objetivo prioritario la mejora de la eficacia en la lucha contra el fraude para destapar dinero negro.

El informe pone de manifiesto que la utilización de los servicios públicos, especialmente sanitarios, infraestructuras y transportes, aumentó a medida que se agudizaba la crisis. Además, el acceso universal a la sanidad, siendo una de las prestaciones mejor valoradas, no se libra de la percepción mayoritaria (73%) de que existe un gran margen de mejora posible en este sector.