La mayoría de los ciudadanos sabe que si el 30 de junio no se ha hecho con un aparato de TDT (Televisión Digital Terrestre) no podrá ver sus programas preferidos. Sin embargo, pocos son los que están al tanto de que al día siguiente, el 1 de julio, sus recibos de la luz van a sufrir un cambio histórico, con la liberalización total del mercado eléctrico y la entrada en vigor de la Tarifa de Último Recurso (TUR) para quienes no contraten con una de las 15 comercializadoras del mercado libre. Estas, por lógica, ofrecerán mejores precios que la citada tarifa, el problema es que todavía no se han publicitado, a la espera de la TUR, que actuará como un máximo. También se aplica el bono social, pendiente de concretar y sobre cuya aplicación las eléctricas ven lagunas.

Para asimilar estos cambios, los que más afectan al usuario desde el inicio del proceso de liberalización en 2003, no ha habido ni se espera más campaña publicitaria que las cartas enviadas a los clientes en los últimos quince días.

"El 1 de julio las tarifas no van a subir más de lo que sería normal en el sistema", aseguran fuentes del ministerio de Industria. El incremento responde en parte a que la TUR será "aditiva", es decir, incluirá los costes de generar, distribuir y comercializar la electricidad. Algo que hasta ahora se dejaba a deber a las eléctricas en la cuenta del déficit tarifario, que suma 15.000 millones de euros. "La gente no sabe que la energía no le costaba lo que pagaba, sino lo que también se endeudaba con el déficit", añaden desde el ministerio que encabeza Miguel Sebastián.

"Irresponsabilidad"

"Con la coyuntura actual plantear una subida del recibo de la luz, que forma parte del gasto básico de las familias, es una irresponsabilidad", critica José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE) y de la aragonesa UCA. "Lo que más nos preocupa es el precio", reconoce. Además de la falta de información.

El cambio de julio afecta a los 24,92 millones de clientes de baja tensión, principalmente hogares, unos 900.000 en Aragón.

La propia Comisión Nacional de la Energía (CNE) regañó el viernes al Ministerio al reconocer que los consumidores no han tenido tiempo. Sobre todo los 1,25 millones de clientes en España con más de 10 kilovatios, principalmente pequeños negocios, que se verán obligados a contratar en el mercado libre si no quieren quedarse en el precio que les fije el Gobierno y pagar la electricidad con un incremento que podría rondar el 5%, según las primeras estimaciones. Un precio que además "se irá incrementando automáticamente en el tiempo", según advierten las cartas enviadas a este colectivo. El objetivo de este sobreprecio es que contraten cuanto antes en el mercado libre. A ellos se dirigen los primeros descuentos de las comercializadoras libres. Sin embargo, para el resto no se atreven a sacar ofertas sin conocer la tarifa del Gobierno.

"Hay tiempo más que de sobra"

Industria considera que "no necesariamente tienen que saber la TUR para ofrecer descuentos" y justifica el retraso en publicar el precio en acercarlo más al de mercado. "El Gobierno se plantea hacer una subasta lo más cerca posible del 1 de julio" y afirma que "hay tiempo más que de sobra".

Desde el sector eléctrico preferirían conocer ya el precio. Las compañías aún se están recuperando del cambio a la facturación mensual, que provocó una avalancha de reclamaciones. Curiosamente, los usuarios que contraten en el mercado libre puede que dejen de recibir facturas cada mes, ya que su nueva compañía puede elegir la periodicidad, explican desde el sector. Este teme verse envuelto en otra ola de reclamaciones en sus oficinas por un cambio que no se cansan de repetir que dirige el Gobierno. Por ello, pide que se agilicen las decisiones pendientes.

La UCA también espera que si el incremento de precio es mayor del normal, puedan volver a repetirse las quejas de principios de año.