Cotizar 36 años o más dará derecho a jubilarse a los 65 sin merma de la pensión

La reforma de las pensiones que prepara el Gobierno empieza a perfilarse. Se mantiene el objetivo de establecer el retiro legal generalizado a los 67 años, pero jubilarse a los 65 seguirá siendo posible, sin merma de la pensión, para los trabajadores con una larga biografía laboral, que les haya permitido cotizar 36, 37 o más años. Lo apuntó el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, quien también explicó que es propósito del Ejecutivo extender el periodo de cómputo para el cálculo de la prestación desde los actuales 15 años hasta los 20, sin descartar que, más adelante, ese plazo se pueda prolongar hasta los 25.

El responsable de Trabajo, que acudió a la comisión correspondiente del Senado para explicar, en una larga intervención, los proyectos del Gabinete, evocó igualmente que quienes desempeñan trabajos más penosos también alcanzarán la jubilación a una edad más temprana. Y añadió que -como ocurre ahora- a todos los trabajadores les quedará la opción de retirarse a los 65 años si renuncian a la totalidad de la pensión correspondiente.

Gómez apuntó además que una de las líneas principales de la reforma es la pretensión de elevar la edad real de jubilación, actualmente en los 62,7 años, para acercarla a la esperanza de vida, que ha crecido con gran rapidez. Para conseguirlo, otra de las propuestas consiste en limitar la utilización “abusiva” de las fórmulas de prejubilación y jubilación anticipada, y la fórmula que se plantea consiste en restringir las posibilidades de recurrir a este sistema -al que solo podrían recurrir las compañías en situaciones extremas, con el fin de preservar su viabilidad- o imponer a las empresas una parte de los costes que representan estas prácticas.

La realidad se mueve, sin embargo, en sentido contrario. Y hasta un sector como el financiero, que tradicionalmente ha cargado con el impacto económico total de las prejubilaciones, se empieza a mostrar remiso. En algunos planes de reestructuración que cajas de ahorros culminan por estas fechas se piensa recurrir a la cobertura del paro para aliviar los costes. El ministro de Trabajo reconoció que iniciativas de este tipo, como la planteada por Caja Madrid, con jubilaciones de 55 años financiadas en parte por el sistema de protección social, están ahora mismo amparadas por la ley.

“Creo que (estas y otras empresas) deben aportar los ingresos correspondientes para compensar el sobrecoste del sistema, y esa debiera ser la línea de futuro”, declaró Gómez, quien, de acuerdo con la estrategia marcada por el jefe del Ejecutivo, que quiere explicar hasta la saciedad las razones de la reforma, antes de acudir al Senado concedió una entrevista en la cadena Ser.

Gómez reconoció que los planteamientos del Gobierno no son aceptados por los sindicatos, que ya se plantean la posibilidad de convocar una nueva huelga general, en esta ocasión contra la reforma de las pensiones. No obstante, se declaró partidario de mantener abiertas todas las vías de diálogo, por considerar que no ha llegado el momento de “tirar la toalla”.

Aunque esta subcomisión tiene previsto aprobar su informe hoy, 21 de diciembre, el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero se ha propuesto mantener a continuación estrechos contactos con las fuerzas políticas, en paralelo a las conversaciones con los agentes sociales, con la aspiración de alcanzar el mayor número de puntos de acuerdo previamente a la reforma que -sin más demora- aprobará el 28 de enero próximo.

Discrepancias políticas

En la formación política que sustenta al Gobierno, las críticas a la más reciente de las propuestas de reforma empiezan a multiplicar sus ecos. El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha censurado que la ampliación de la vida laboral hasta los 67 años responda a una imposición de los mercados financieros cuando, en su opinión, se puede extender la edad de jubilación “con carácter incentivado y voluntario”.

Desde el PP, y tras destacar los puntos de acuerdo alcanzados en la subcomisión del Pacto de Toledo, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, anunció su disposición a alcanzar un consenso “hasta el último minuto”.