Corbacho admite que las ayudas de 420 euros a medio millón de parados pueden eliminarse

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, admitió ayer que en el seno del Gobierno tendrá que darse un "debate" acerca de la conveniencia o no de prorrogar las ayudas de 420 euros, que en la actualidad alcanza a "casi medio millón" de parados, en un momento en el que se están tomando medidas para reducir el déficit público.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la reunión de presidentes de Comisiones de Trabajo e Inmigración de los Parlamentos europeos en el Congreso, Corbacho aseguró que su ministerio "valora muy positivamente" esta ayuda, cuya duración es de seis meses. No obstante, admitió que España se encuentra ante la necesidad de implementar "medidas de reducción del déficit" y que los Presupuestos Generales de 2011 van a ser "de contención", "Esperemos a ver cuáles son las partidas que se podrán ver afectadas", señaló.

Por otra parte, el ministro Corbacho aseguró que aún es pronto para avanzar una estimación de los datos de paro de junio, porque faltan diez días para que se publiquen las estadísticas "y en diez días pueden pasar muchas cosas", aunque confía en que "las que pasen sean positivas".

Corbacho defendió que analizar la situación del paro en España en estos momentos puede llevar a "conclusiones equivocadas", ya que en los cuatro años anteriores a la crisis se "creó más empleo que en toda la Unión Europea junta" por el 'boom' inmobiliario.

El ministro aseguró, por otro lado, que la reforma laboral "no introduce elementos diferentes" en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a los que existen en "estos momentos", tanto en su modalidad de suspensión o de extinción definitiva de los contratos, y defendió que acogerse a la modalidad de despido colectivo o individual por causas objetivas con 20 días de indemnización "no es tan sencillo" porque el juez sigue teniendo la última palabra.

"No va a ser tan sencillo que la reforma permita hacer ajustes de plantilla e ir directamente al despido de 20 días, porque en última instancia es el juez el que tiene que autorizarlo", recalcó Corbacho, si bien defendió que los empresarios están "en su legítimo derecho" de acudir a esta opción.