Conde-Pumpido cuestiona abiertamente al TC por absolver a Cortina y Alcocer

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se mostró ayer muy contundente a la hora de rechazar la sentencia absolutoria dictada el jueves por el Tribunal Constitucional (TC) sobre los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, acusados ambos por el Tribunal Supremo de un delito de estafa y falsedad mercantil. Conde-Pumpido asegura que discrepa "radical y profundamente" de esta resolución, que "permite a los acusados quedarse con el dinero de la estafa". La declaración no tardó en encontrar la réplica desde el poder judicial, que reclamó de Conde-Pumpido "responsabilidad" y "racionalidad" ya que representa a una institución pública. Desde el Gobierno se pide respeto a las decisiones judiciales aunque se entiende que estos fallos judiciales puedan provocar "cierta inquietud".

"Discrepo total, radical y profundamente de la sentencia dictada por la Sala Segunda de Tribunal Constitucional, es muy preocupante ya que se le da la vuelta a la tutela judicial efectiva que es un derecho que debería proteger a las víctimas de la estafa", aseguró el fiscal general del Estado durante la presentación de un seminario bilateral entre España y Gran Bretaña sobre la Orden Europea de Detención.

Conde-Pumpido lamentó que la sentencia del TC vaya a permitir a los Albertos quedarse con el dinero de la estafa y reivindicó que la propia sentencia absolutoria "ratifica que la condena del TS se dictó con todas las garantías y por lo tanto ratifica que había pruebas de un delito de estafa y otro de falsedad".

En este sentido, defendió el criterio ejercido por el Ministerio Público desde el principio recordando que "la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid ya sostuvo la acusación por los delitos de estafa y falsedad mercantil contra estas dos personas". "Yo estoy completamente convencido de que estos delitos existen y que no habían prescrito de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo", dijo.

Conde-Pumpido rechazó que el TS hubiese incurrido en "ningún tipo de vulneración de derecho constitucional y reivindicó la sentencia condenatoria del alto tribunal que reconoció "el derecho de las víctimas a cobrar la indemnización correspondiente".

En el fondo de toda esta polémica está el eterno pulso entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo del que es magistrado Conde Pumpido. La Fiscalía ha acusado a los Albertos en las tres instancias por las que ha pasado este caso, la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

El CGPJ

La contundente reacción del fiscal general tuvo su respuesta inmediata desde el poder judicial. El portavoz del CGPJ, Enrique López, censuró las críticas de Conde-Pumpido e hizo una llamada a la "crítica racional" y a la "responsabilidad, sobre todo tratándose de instituciones públicas" como la Fiscalía General del Estado.

López desestimó hacer valoraciones sobre el contenido de la sentencia, pero indicó que "todo el mundo puede ser crítico con cualquier resolución pero fundamentalmente cuando estas críticas vienen de instituciones públicas, deben estar basadas en la racionalidad y no en un momento de cierto malestar".

Desde el Gobierno, según palabras de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se entiende que la sentencia pueda provocar "cierta inquietud", pero se insta a respetar las decisiones judiciales.