CiU se suma al PP contra la reforma de las cajas y denuncia el «acoso» del BE

El Gobierno afronta una semana decisiva para la aprobación del decreto ley de recapitalización de entidades financieras con el objetivo de acercar posiciones con el PP y con CiU, para garantizarse el mayor apoyo posible en su convalidación en el Congreso y evitar que la oposición fuerce su tramitación como proyecto de ley, lo que permitiría cambios sustanciales en su contenido. Un trabajo que parece complicado teniendo en cuenta la oposición al texto manifestada abiertamente por el PP y CiU. Después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, expresara la oposición de su partido a lo que considera una «nacionalización» de las entidades financieras, ayer el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, denunció que existe un «acoso contra las cajas de ahorros, muy especialmente por parte del Banco de España». El líder de Unió acusó al banco emisor de «instigar» al Gobierno para «acabar» con estas entidades.

Duran hizo estas declaraciones tras la reunión semanal de la comisión ejecutiva de Unió y afirmó que el Ejecutivo quiere «cambiar las reglas del juego respecto a las cajas de ahorros» con el Real Decreto-Ley del Plan de Reforzamiento del Sector Financiero, que plantea nuevas exigencias de capital a las entidades españolas y que el Gobierno quiere aprobar el próximo viernes.

Además, recordó al Gobierno que el PSOE no tiene la mayoría parlamentaria suficiente para aprobarlo y avanzó que su grupo no apoyará esta medida porque plantea «más exigencias para las cajas que para los bancos», concretamente requiere que el capital de los activos de riesgo de los bancos sea del 8%, mientras que exige un 10% para las cajas.

Además, según Duran, «se intenta imponer a las cajas unos nuevos deberes con la excusa de que los mercados exteriores remarcan la preocupación por las cajas», y argumentó que «si los mercados internacionales responden así es por la contaminación que el propio sistema financiero español hace respecto a las cajas con la intención de quedárselas».

Mejor opción, un banco 'malo'

El líder de Unió recordó que «en la medida que se exija a las cajas más recursos de ahorros, se provocan menos posibilidades de crédito a las familias, los particulares, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos».

Duran pidió que se les dé «un tiempo» a las cajas y lamentó que «el Banco de España se equivocara al no crear un banco 'malo' con todos los activos negativos que permitiera trasladar a los mercados la solvencia del sistema financiero español». Ante la propuesta que hizo pública el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de que estas entidades financieras se conviertan «pura y simplemente en fundaciones», Duran recordó que «las cajas de ahorros y su obra social son muy importantes para un país de las características de Cataluña».

De mantenerse la oposición popular y de los nacionalistas catalanes, al PSOE solo le quedarán sus socios presupuestarios, PNV y CC, para que la norma salga adelante en la Cámara Baja.

Recurso de CC. OO.

El decreto también ha sido contestado desde los sindicatos. El secretario general de CC. OO., Ignacio Fernández Toxo, anunció ayer que el sindicato interpondrá un recurso contra el decreto, ya que supone «una operación indisimulada de privatización» del actual sistema de cajas.

Según explicó Fernández Toxo, las cajas de ahorro invierten en obra social el equivalente a lo que los bancos destinan a retribuir a sus accionistas, y aseguró que «esa parte del beneficio de las cajas es de la que quieren apropiarse los bancos y la inversión privada», algo que el Gobierno «está favoreciendo» con el real decreto.

A su juicio, en la actualidad «sigue habiendo espacio para un modelo dual», en el que las cajas de ahorro «sigan jugando ese papel de banca de proximidad y de sostenimiento de la obra social», consideró. Toxo alertó de que el «nudo del sistema financiero» es uno de los problemas más graves que tiene España, ya que «está suponiendo un mayor retraso» en la salida de la crisis debido a que los bancos y cajas «están saneando su propia situación interna» y no ponen el crédito a disposición de los particulares y las pequeñas y medianas empresas.

El Gobierno sigue hablando con la oposición, pero mantiene que no hay margen para modificar el grueso del plan. Pese a ello, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, que mantuvo un encuentro con una delegación 'popular', aseguró que se «sigue trabajando y será posible» el acuerdo.