CiU da su apoyo al Gobierno para retrasar la jubilación a los 67 años

El pleno del Congreso allanó ayer el camino a la jubilación a los 67 años que pretende aprobar el Gobierno, en condiciones que negocia contrarreloj con los agentes sociales. El Partido Popular no captó aliados en su propósito de que las recomendaciones del Pacto de Toledo incluyeran el mantenimiento de la edad legal de retiro en los 65, y el documento final incorpora el consejo de que cualquier cambio en la duración de la vida laboral sea «flexible» y «progresivo» y no se lleve a cabo «de manera homogénea y forzosa» para todas las personas. Esta redacción, que ya no hace referencia a la voluntariedad de retrasar el retiro, fue promovida por CiU, y apoyada por PSOE, PNV y CC, con la abstención del PP y el rechazo de los grupos de izquierda.

El resto de las recomendaciones salieron adelante con una holgada mayoría, puesto que solo ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y UPyD votaron en contra. Los votos particulares de estas formaciones tan solo contaron con su propio apoyo, porque el PP también se abstuvo en todas ellas. Tampoco prosperó la iniciativa del PNV que reivindicaba para las comunidades autónomas el reconocimiento al uso de «sistemas singulares» de gestión de las pensiones.

Hasta el último minuto

El nuevo portavoz socialista en la comisión del Pacto de Toledo, Jesús Caldera, negoció hasta el último minuto con los miembros de Convergencia i Unió. Su objetivo era conseguir que la coalición catalana cambiase el sentido de su voto particular sobre la prolongación de la vida laboral y dejar solo al PP en la votación. El acuerdo finalmente llegó minutos antes de que comenzase el Pleno. CiU «subsanó su error», lo que suscitó mucha polémica, y corrigió su enmienda para decir que la jubilación «no debería realizarse de manera homogénea y forzosa para el conjunto de personas». De esta forma, acercó posturas con el Gobierno, que admite excluir de la imposición de los 67 años a trabajadores de ocupaciones penosas y a quienes acumulan muy largas carreras de cotización. Otra de las sugerencias incluidas, que el retraso en la edad de retiro «no afecte a quienes vayan a jubilarse en el futuro inmediato», también podría ser tenida en cuenta.

Las recomendaciones del Pacto de Toledo no son vinculantes para el Gobierno. Tan solo suponen una toma de temperatura de la opinión del Congreso sobre la reforma de las pensiones y un documento base de las tendencias que debieran seguir los cambios para garantizar la viabilidad futura del sistema. El viernes, el Consejo de Ministros aprobará un anteproyecto de ley que, en todo caso, reflejará los acuerdos con los agentes sociales, si es que se alcanzan para esa fecha. Pero el Gobierno se volverá a encontrar más adelante con las fuerzas políticas, porque la ley de reforma del sistema de pensiones tendrá que ser debatida en el Parlamento.