El ministro de Fomento, José Blanco, prepara una revolución en su departamento. El objetivo confesado por el propio Blanco es "hacer más con menos". Y para ello, nada más rápido que reducir o eliminar altos cargos, aquilatar la masa salarial y recortar el elevado número de empresas que componen el Grupo Fomento, que se enfrentan a un inminente proceso de fusiones e integraciones.

Fomento se ha llevado la peor parte del ahorro de 5.000 millones de euros autoimpuesto por el Gobierno para este año. En concreto, 1.760 millones. Blanco ya ha comenzado por Renfe, que llevado de 39 a 11 su número de altos directivos. Aena y Adif serán las siguientes, en una carrera que no acabará ahí.

El ministro ha pedido una suerte de auditoría a los presidentes de cada empresa dependiente de Fomento para que, bajo una 'hoja de ruta del ahorro común', presenten sus propuestas. La previsión pasa por aplicar la 'tijera' antes de tres meses.

Otras medidas

No será la única medida de austeridad. El Ministerio estudia caso por caso todos sus proyectos de obra pública para redefinir los costes y establecer un desembolso máximo por cada tipo de actuación. La cuestión es no pagar un euro de más en cada situación, por lo que Fomento tratará de ser más eficiente en la elaboración de los pliegos de contratación y en la presentación de ofertas y gestión de los contratos.

"Si pedimos más a las empresas privadas, nosotros también debemos esforzarnos", ha señalado Blanco en más de una ocasión. El ministro se ha comprometido a que la revisión de la programación de las obras se haga "con total transparencia". En principio, el ferrocarril, tanto en su vertiente de pasajeros como de mercancías, seguirá siendo la prioridad en el capítulo de la inversión.

Junto a esto, Blanco recurrirá a la financiación privada para no hinchar más el ya abultado déficit público de la Administración General del Estado. Lo hará dentro de un plan de colaboración cifrado en unos 15.000 millones de euros de los que es probable que 7.000 se movilicen este mismo año. Las empresas asumirán el riesgo de una financiación que el Gobierno ha casi cerrado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y los primeros bancos y cajas españoles.