Blanco pide unidad y admite el "fracaso político" de todos ante los controladores

"Les invito a seguir compartiendo una hoja de ruta, porque es momento de estar unidos y de que vean que no hay grietas frente al chantaje", solicitó José Blanco a todas las fuerzas parlamentarias en una larguísima comparecencia sobre la crisis de los controladores. El ministro de Fomento se presentó ayer ante la comisión del ramo como mero brazo ejecutor de una tarea colectiva que ya asumió el Congreso el pasado febrero: la de parar los pies a un colectivo que, según su discurso, ha "levantado un edificio de privilegios" mediante el "chantaje permanente".

Blanco no tenía una labor fácil. El ministro hizo hasta lo imposible por obviar el asunto de la prórroga del estado de alarma con un solo argumento reiterado de mil y una maneras. ¿Por qué los controladores han sido capaces de poner en jaque al Estado? Porque durante años, según su tesis, se les consintió todo y eso ha "envalentonado" al colectivo. Según su relato, los controladores, "embriagados por tantos años de continuas cesiones, han llegado a pensar que todo era posible para mantener sus privilegios, incluso poner de rodillas al país tomando como rehenes a cientos de miles de ciudadanos".

En todo caso, no negó que -como planteó el portavoz del PNV, Joseba Beloki- pueda hablarse de "fracaso político en toda regla". Pero ni mucho menos agachó la cabeza. "Yo asumo parte de esa responsabilidad, pero creo que no la tengo toda", defendió. De este modo, recordó que recibió el apoyo del Congreso cuando a principios de este año decidió aprobar por decreto el nuevo marco laboral de los controladores aéreos, tras "cinco años de negociaciones infructuosas", en los que el sindicato del colectivo, USCA, se dedicó a "forzar un escenario de tensión" para obligar a la prórroga de los acuerdos estatutarios. Unos acuerdos por los que, entre otras cosas, se pagaban las horas extras al triple que las ordinarias.

Aprovechados

En sus tres intervenciones, el ministro trató así de hacer partícipe de sus decisiones a toda la Cámara. Y, sobre todo, hizo un retrato agrio de los controladores, a los que describió, sin recurrir al adjetivo, como un colectivo de aprovechados. Un detalle: según su versión, cuando este verano se requirió la intervención de los servicios de inspección médica para comprobar la veracidad de las bajas -algunos días, dijo, llegaron al 31% en Barcelona o al 57% en Alicante- se demostró que siete de cada diez eran "injustificadas".

Antes del decreto del 3 de diciembre, y conforme a una ley de 2003, los controladores podían abstenerse de trabajar si entendían que no estaban en condiciones de hacerlo, a fin de no perjudicar la seguridad. Muchos alegaron en la crisis de agosto, como en la pasada, cuadros de estrés y ansiedad. Dos males a los que, según Blanco, este colectivo debería ser inmune porque es "incompatible" con las pruebas psicofísicas que están obligados a pasar para acceder a la profesión.

Conforme a su testimonio, todo se debió a una "estrategia planificada" de "sabotaje". Y a nada más. Como demostración de que la llama de la trifulca no fue el decreto aprobado en vísperas del puente de la Constitución, recordó que el sindicato ofreció a las 19.00 del viernes 3 de diciembre firmar un convenio que implicaba "recuperar sus privilegios" para que terminara todo. "Este hecho -alegó- demuestra que la teoría de la provocación del Gobierno no se sostiene". Fue, según él, un "chantaje en toda regla" que requiere una respuesta unánime. "Es importante que entiendan esto -pidió- para evitar cualquier clase de tentaciones o recaídas".