Biel anuncia que la DGA estudia recurrir el decreto de las cajas, pero el PSOE lo niega

La cercanía de las elecciones autonómicas -el próximo 22 de mayo- está haciendo estragos entre los socios del Gobierno aragonés (PSOE y PAR). Una muestra más del desencuentro que preside la relación entre ambos partidos se tuvo ayer cuando el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Ángel Biel, anunció, al parecer sin encomendarse a nadie y sin consultar con su socio de gobierno, que la DGA estaba estudiando la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el recién aprobado decreto-ley que trata de reforzar la solvencia de las entidades financieras.

Biel, acompañado por el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga, hizo este anuncio en un desayuno-coloquio organizado por la Asociación Aragonesa de Sociedades Laborales (ASES). Según la nota de prensa remitida después, Biel -en calidad de vicepresidente y portavoz del Gobierno de Aragón- anunció que «el Ejecutivo autonómico estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de reforzamiento del sistema financiero, conocido como 'bancarización' de las cajas de ahorros, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, por sus evidentes vicios de inconstitucionalidad».

Poco después de hacerse público este anuncio, la otra parte del Gobierno de Aragón lo desautorizó. El consejero de Economía, Alberto Larraz, negó que el Ejecutivo haya analizado, tratado o debatido en sus órganos ejecutivos semejante iniciativa, ni siquiera como hipótesis. Larraz fue más allá al desmarcarse de las críticas vertidas por Biel al decreto-ley. En opinión del consejero aragonés de Economía, la norma aprobada por el Consejo de Ministros del pasado viernes «es positiva; es buena para las cajas porque mejora la suficiencia y los balances de las entidades de ahorro. Y ayuda a aquellas cajas que se encuentren en situación más delicada; aunque no es el caso de las aragonesas -matizó Larraz- el decreto le vendrá bien a todas».

Estas opiniones son coincidentes con las pronunciadas en Madrid por el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, quien días antes de que fuera aprobado el decreto por el Consejo de Ministros aplaudió la norma: «La reforma que se plantea para las cajas es para hacerlas más fuertes, más sostenibles, para que las que puedan tener menos músculo puedan captar dinero y si es posible dinero privado», dijo.

La larga mano de Botín

En el desayuno de ASES, Biel atribuyó ayer el espíritu del decreto-ley al presidente del Santander, Emilio Botín: «Esta es una idea de Botín -dijo textualmente-, ya veréis cómo acaba todo (explicó a su auditorio). Estoy absolutamente convencido de que acaba todo en el Santander». «Llevan años -dijo, en otro momento del encuentro- viendo cómo lo hacen para quedarse con el sector financiero de las cajas».

El vicepresidente del Gobierno regional recordó que el Estatuto de Autonomía establece la competencia exclusiva de la comunidad sobre las cajas de ahorros con domicilio en Aragón. Asimismo, opinó que el decreto-ley recoge unas condiciones «leoninas para nuestras cajas, al establecer unos niveles de solvencia superiores, en un 25%, a los que pide para los bancos», un hecho que a juicio del portavoz del Gobierno de Aragón obedece «a los intereses de los bancos y demuestra que Emilio Botín se ha convertido en el mejor asesor económico de Zapatero».

«Nosotros tenemos unas buenas cajas de ahorros -dijo Biel-, da pena que se aplique a todas el mismo listón, tratando de cargarse las nuestras». El vicepresidente sostuvo que «las cajas no son las causantes de esta crisis, los responsables han sido otros que impulsaron medidas que, lejos de reactivar la economía, han aumentado la deuda». Biel criticó el decreto, máxime cuando hubo alguna caja -dijo- «que vio la crisis dos años antes que el Gobierno».

El consejero de Economía, por su parte, se sorprendió con este anuncio porque el proceso de reestructuración financiera «no empezó ayer; está muy avanzado y el decreto es continuación de la reforma de la Lorca».

Tras el anuncio (del 30% del Gobierno) y el desmentido (del 70% restante), fuentes de la vicepresidencia del Gobierno se ratificaron en lo dicho. Según estas fuentes, es uno de los socios de la DGA (el PAR) quien analiza el decreto, lo considera pernicioso y está dispuesto «a seguir hasta el final; se buscará cualquier vía para que no se aplique», dijeron.