La crisis financiera les puso en la picota y ahora la económica les da un respiro. Las nuevas exigencias que autoridades y supervisores quieren imponer a las entidades de crédito para impedir que se repita la debacle que hundió en la depresión al mundo desarrollado y que ha drenado miles de millones de fondos públicos, se van a aplicar a un ritmo pausado, desde el 1 de enero de 2013 hasta 2019, para no estrangular la titubeante recuperación.

Si el grifo del crédito sigue cerrado para las familias y las empresas será por otras causas. La cumbre del G-20 que acaba de concluir en Seúl ha bendecido la prórroga, lo que constituye una buena noticia para el sistema financiero español, embarcado en la reestructuración de las cajas de ahorro. Los líderes también han dejado claro que las instituciones "demasiado grandes para caer", aquellas que se someterán a mayores requerimientos por su potencial de contagiar a todo el sistema, dispondrán de cierta holgura en su periodo de adaptación.

Tampoco es seguro que los dos gigantes españoles, los grupos Santander y BBVA, vayan a figurar en la lista de las consideradas 'sistémicas', que así se denomina a las que, como ocurrió con Lehman Brothers en septiembre de 2008, pueden ejercer un efecto dominó y arrastrar a otras muchas en su caída. Los plazos se demoran. El Consejo de Estabilidad Financiera aún no ha concretado la definición, ni decidido las exigencias adicionales, que se reflejarán en la mayor necesidad de capital y una supervisión más estrecha.

Un proceso lento

Todo este paquete de medidas se conoce en el argot del sector como Basilea III y es la tercera edición de un acuerdo sobre el capital exigible a los bancos que adopta el nombre de la ciudad sede del Banco Internacional de Pagos. Basilea II se tomó prácticamente siete años de 'cocina' y no había llegado a aplicarse de forma generalizada, cuando estalló la gran crisis financiera de 2007-2008. Los Gobiernos decidieron rescates multimillonarios, los bancos centrales se pusieron las pilas y las nuevas exigencias de capital y de liquidez, destinadas a afrontar eventuales crisis por impagos o pérdidas, se diseñaron en quince meses.

A la defensiva

El sector transmitió inmediatamente la idea de que la economía mundial no estaba para estrecheces financieras. Si las entidades iban a tener que ajustar su capital a su negocio a marchas forzadas, podían optar por restringir el crédito, con el consiguiente impacto sobre una actividad convaleciente, advirtieron. En cuanto estuvieron listos los primeros borradores de Basilea III, bancos y cajas echaron mano de la calculadora y dieron a conocer unas cifras de vértigo. Juan María Nin, director general de La Caixa, estimó que bancos y cajas de ahorro españoles tendrían que destinar 48.000 millones de euros a cubrir las nuevas exigencias de capital y otros 300.000 millones a cubrir los requerimientos de liquidez. En un contexto económico de muy lenta recuperación, esas condiciones solo se iban a alcanzar con una aún mayor restricción del crédito.

Los grandes bancos españoles, además, se apresuraron a difundir sus características en un intento de alejarse de la calificación de "sistémicos". "Lo que hay que vigilar es el riesgo, no el tamaño", proclamó Emilio Botín. Tanto Santander como BBVA advirtieron de que si se aplicaban exigencias excesivas a unas entidades que operan con un modelo comercial sencillo, podría elevarse el coste de la financiación. Por ello instaron a prestar atención a cuestiones distintas de la dimensión del negocio, tales como la complejidad de los productos comercializados, la interconexión con las filiales, el endeudamiento excesivo (en particular, el concentrado en el corto plazo) o los modelos de negocio inadecuados.

Algo han conseguido los bancos y cajas con sus alegaciones. El texto final adoptado por el Consejo de Estabilidad Financiera, organismo que impulsa la reforma del sector, suaviza las exigencias al extender los plazos de aplicación. Como comentaba un responsable del Banco de España, las entidades son muy libres de escudarse en Basilea III para justificar que no dan créditos, pero no tienen ningún motivo para hacerlo cuando los nuevos requerimientos se van a aplicar poco a poco, para estar vigentes dentro de cinco años.