Banca Cívica pacta su reparto accionarial y deja a Sa Nostra para una segunda fase

Banca Cívica prosigue los pasos que le llevarán a culminar el primer proceso de integración entre cajas de ahorros de diferentes territorios, si se excluye la adquisición y traspaso del negocio de Caja Castilla-La Mancha por Cajastur, a la que solo falta la aprobación por parte de la asamblea de la entidad castellano- manchega. Pero este segundo caso tiene como principal característica la intervención previa de CCM y no puede considerarse una integración voluntaria por ambas partes.

El uso de una ficha bancaria, y la ausencia de ayudas públicas allanan el camino de Banca Cívica, y las tres entidades pioneras han acordado el reparto de las participaciones accionariales de las cajas que van a componer el Grupo Económico Consolidado: corresponde a Caja Navarra el 41%, a Caja Canarias el 30% y a Caja de Burgos el 29%. La mallorquina Sa Nostra, que todavía no tiene cerrada su participación, entrará en una segunda fase y, cuando esto ocurra, previsiblemente a finales del primer semestre de este año, las cuotas del resto de los socios se diluirán.

El Grupo Banca Cívica tiene previsto presentar toda la documentación necesaria para la integración antes de que acabe enero y someter la operación a los órganos de gobierno de las entidades en la segunda quincena de febrero. Es propósito de las protagonistas que el grupo pueda consolidar cuentas al cierre del primer trimestre del actual ejercicio.

Otros procesos

Por otra parte, las cajas catalanas, las primeras en apuntarse al llamamiento de las autoridades al proceso de reconversión, están a la espera de que Bruselas apruebe el marco de ayudas. Sabadell, Terrassa, Girona y Manlleu han pedido al FROB unos 500 millones de euros, mientras que lo solicitado por Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa asciende a 1.300 millones.

Por otra parte, el informe encargado por la Xunta de Galicia a la auditora KPMG llega a la conclusión de que la fusión de las cajas gallegas Caixa Galicia y Caixanova daría lugar a una entidad más solvente, que obtendría beneficios desde el primer año y permitiría ahorros por una cuantía de 120 millones de euros netos por ejercicio, con lo que unos costes estimados en 485 millones de euros se habrían amortizado al cierre de 2013. La consultora solo ha analizado por encargo esta opción.

El análisis, expuesto por la consejera de Hacienda Marta Fernández Currás, implicaría un ajuste laboral de 1.300 empleos y la clausura de 280 oficinas. Su puesta en marcha requeriría una aportación de 1.190 millones de euros del FROB, cifra que resulta de calcular el techo del 2% de los activos ponderados por riesgo, que se perfila como el límite establecido por la Comisión Europea para una integración 'estándar'.