ECONOMÍA SUMERGIDA

Aragón mueve 6.400 millones en dinero negro, según los técnicos de Hacienda

Zaragoza concentra el mayor volumen de economía sumergida de la Comunidad con 4.677 millones, el 73% de la suma total.

Documentación de la declaración de la renta del año pasado.
Aragón mueve 6.400 millones en dinero negro, según los técnicos de Hacienda
ESTHER CASAS

Un estudio realizado por Gestha (sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) ha indagado en las cuentas públicas y ha estimado que en Aragón se mueven 6.400 millones de euros en la economía sumergida. Zaragoza concentra el mayor volumen (el 73%, concretamente) con 4.677 millones, seguida por Huesca, con 1.025, en tanto que la capital turolense posee 698 millones de euros. La cifra total de dinero negro que circula en la Comunidad aragonesa representa el 3% del total en el conjunto del país, al que Gestha atribuye el montante de 240.000 millones de euros de fraude en el territorio nacional, lo que supone hasta el 23% del Producto Interior Bruto (PIB).

 

Según el informe realizado por Gestha, las principales oquedades de fraude que perviven en la economía aragonesa se relacionan de forma directa con las operaciones de compra-venta llevadas a cabo por empresas constructoras e inmobiliarias. De hecho, según el sindicato, solo la evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales en España, de los que 225 millones (el 2,6%) se concentran en Aragón.

Otros recovecos 'en B'

En la misma línea, los técnicos apuntaron a las pequeñas empresas como otro de los recovecos de fraude asentados en la Comunidad. En la actualidad, según el estudio, el 97,3% de las compañías instaladas en Aragón que facturan entre 1,8 y 6 millones de euros (más de 2.000 sociedades aproximadamente), escapan al plan de lucha contra el fraude, ya que sus cuentas anuales no tienen obligación de ser auditadas, al facturar menos de 4,7 millones de euros, contar con menos de 50 trabajadores o con un activo inferior a los 2,3 millones de euros.

 

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo asegura que evitar la tributación en España "es una práctica secular", principalmente en la construcción, pero también en el sector agrario, donde "la gente que vive en el campo no ve revertidos en su territorio los beneficios de las inversiones públicas", además de que la mayoría de las ocasiones se trata de actividades para la subsistencia.

 

Aunque es perfectamente legal y estos conceptos no se corresponden estrictamente con economía sumergida, José María Mollinedo y los técnicos que representa consideran llegado el momento de, al menos, dos cosas: reestablecer el impuesto de patrimonio de las grandes fortunas y modificar la ley española de inversión colectiva. De lo primero, el técnico apunta que "aunque no sería mucho dinero, ya estarían aportando algo".

 

En cuanto a la segunda propuesta, conviene explicar que las Sicav (sociedades de inversión de capital variable) son sociedades anónimas cuyo objeto social es invertir en activos financieros y gozan de importantes ventajas fiscales (su capital tributa al 1% frente al 18% de media que cotizan las familias, es decir, la mayoría de contribuyentes de este país). Este instrumento es uno de los más utilizados por las personas con gran capital.

 

Ante esta situación, Mollinedo y su colectivo abogan por modificar el requisito máximo de participación, "de forma que nadie tenga la posibilidad de controlar la sociedad, por mucho patrimonio que tenga". El 'quid' de la cuestión del dinero que el Estado pierde es que, según Mollinedo, el modo de funcionamiento actual de las Sicav permite que las grandes fortunas no tengan por qué reintegrar su dinero en el sistema a la hora de adquirir cualquier tipo de bien, porque lo maneja a través de la sociedad.

Gestha dice que en 1993, un año después de la creación de la Agencia especial de la Administración Tributaria (AEAT), "las cuentas ya no salían, porque la cifra que los empresarios pagaban a sus trabajadores era superior a lo que ellos mismos declaraban obtener como beneficios". En este sentido, Mollinedo recalca que existe cierta sensación de impunidad, porque esta horquilla de diferencia entre los gastos y los ingresos de las compañías, lejos de arreglarse, se ha multiplicado por tres con el paso de los años.