En lo que podría ser el preludio de una huelga general, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se enfrentará mañana a un paro de funcionarios en todas las administraciones de España, con el que los trabajadores públicos protestarán contra la primera rebaja de sueldos llevada a cabo en la historia democrática del país.

Junto a la reducción salarial, parte del drástico plan de ajuste aprobado por el Gobierno socialista para reducir el déficit púbico, el gobierno está impulsando la reforma del mercado laboral, en una negociación con la patronal y los sindicatos, que se encuentra estancada. Los agentes sociales no logran avances. Y si las negociaciones terminan sin acuerdo, el gobierno aprobará la reforma laboral por decreto el próximo 16 de junio, tal y como anunció Zapatero la semana pasada. Y entonces, los sindicatos convocarán una huelga general, según han ido advirtiendo en las últimas semanas.

El miércoles por la noche, los representantes sindicales, los de la patronal y los del gobierno volvieron a levantarse sin logros de la mesa de negociación. Repetirán reunión el próximo miércoles, un día después de la huelga de funcionarios. Pero las expectativas de lograr un acuerdo son bajas, por no decir nulas.

Colectivos afectados

A la huelga de mañana están llamados los 2,5 millones de funcionarios de España, repartidos entre la administración central, las autonómicas y las locales, convocados por los sindicatos. Los sectores que se verán afectados serán la educación, la sanidad y la justicia, así como otros servicios públicos como correos, agencia tributaria, oficinas de empleo o aduanas. El lema es '8-J. Huelga servicios públicos. Párate. No a los recortes salariales y sociales'.

Se da la paradoja de que los empleados públicos tendrán que decidir sumarse o no a la protesta antes de saber a ciencia cierta cómo les afectará el recorte. Hasta que no cobren la nómina de este mes de junio, los empleados públicos no sabrán qué merma sufrirán sus ingresos.

De manera general, el Ejecutivo anunció un recorte en una media del 5%, lo que significa que los que más ganan, situados en el grupo más alto, verán mermar sus ingresos en un máximo del 7%, mientras que los situados en el grupo más bajos y con menor salario ganarán mensualmente hasta un 0,56% menos.

El año que viene, los salarios de todos quedarán congelados. La previsión es ahorrar con esta medida más de 4.000 millones de euros al año. El salario medio de los funcionarios se sitúa, según estimaciones, en una horquilla de entre 1.200 y 3.000 euros mensuales. Pero para que salga esa media los hay que ganan menos y los hay que ganan más. Además, el número de puestos de mayor sueldo es menor que el de los puestos con una salario más bajo.

La mayor parte de los funcionarios públicos, algo más del 50%, trabaja para las comunidades autónomas. Para las administraciones locales trabaja un 23,6% de ellos y para la estatal, casi un 22%.

El salario de los funcionarios se ha congelado en los últimos veinte años en dos ocasiones: en 1994, con Felipe González como presidente, y en 1997, durante el primer mandato de José María Aznar.