¿Y ahora qué?

Zapatero no ha tenido más remedio que abrir el camino impuesto por Bruselas, pero solo ha trazado el trayecto de una primera etapa. Quedan por recorren otras que pueden ser, incluso, más tortuosas.

Proyectos como Expo Paisajes en Zaragoza (en la foto, los terrenos de la muestra) o los Juegos Olímpicos de los Pirineos pueden verse afectados por el recorte inversor.
¿Y ahora qué?
OLIVER DUCH

zapatero se ha visto obligado a desandar su errático camino y a emprender apresuradamente la senda que Bruselas ha impuesto a España y a su presidente, que -paradojas de la vida- es a la vez el de turno de la Unión Europa. ¿Recuerdan las oportunidades que este liderazgo rotatorio iba a suponer para los españoles? ¿Las bazas que el líder socialista guardaba en su chistera sin fondo para este semestre? Ni siquiera se nos ha permitido esperar al final. Ya están de lleno en nuestras vidas: una travesía de ajustes, sacrificios y renuncias que no ha hecho más que empezar.

¿Y ahora qué? Simplemente, empezamos a pagar la factura de la crisis con el ajuste de 15.000 millones de euros hasta 2011 anunciado ayer por el presidente, que era inevitable pero que resulta insuficiente. Más allá de los recortes pendientes en el plan de estabilidad que Bruselas nos ha urgido a adelantar y que ya estaba previsto mantener hasta 2013, dicho paquete de medidas puede tener un primer efecto de calma sobre los mercados financieros internacionales, que ven amortiguado el riesgo de la deuda, y relativamente también para nuestros socios europeos, que sin embargo nos seguirán vigilando muy de cerca para no verse obligados a activar con nosotros el plan de blindaje de los 750.000 millones de euros.

Pero a corto plazo existe otro efecto sobre el mercado interno que el propio Zapatero no pudo eludir en el entrelineado final de su discurso: "Somos conscientes de que la reducción de la demanda afectará transitoriamente al crecimiento. Por ello, el Gobierno estima que el crecimiento el año que viene será unas décimas inferior al previsto", reconoció.

Para que todos nos entendamos, recortar el poder adquisitivo de más de tres millones de funcionarios y de otros ocho millones de pensionistas conlleva inevitablemente el efecto de contracción del consumo que veníamos tratando de evitar a toda costa. Y borrar de un plumazo 6.000 millones de euros para inversión en obra pública (por si alguien lo empieza a olvidar, un billón de las antiguas pesetas), más otros 1.200 de gasto adicional en las administraciones autonómicas y locales (en Aragón y en Zaragoza, tiemblen Expo Paisajes 2014 y hasta los Juegos Olímpicos de 2022), amenaza la renqueante actividad de las constructoras que luchan por sobrevivir en el sector más lastrado por la crisis interna. Ambos factores convergen, indefectiblemente, en una caída de la actividad económica general y en destrucción de empleo.

Empiezan así a manifestarse las contraindicaciones y los efectos secundarios de la receta, que sin duda los tiene. Más desempleo obliga a más gasto público social, es decir, una retroalimentación del déficit público que se quería enjugar. Llegados a este punto sin alcanzar la meta, comienza la segunda etapa del camino que Zapatero se resistió ayer a presentar. Tal vez para dosificar el esfuerzo colectivo que reclama.

¿Próximas paradas? Soslayando la urgente necesidad de acabar con duplicidades administrativas o con el interminable suma y sigue de gasto en asesorías y sueldos tan clientelistas como improductivos, es inminente la reforma laboral que abarate el despido (intento de incentivar la creación de empleo para generar ingresos a través de nuevos cotizantes y liberar gastos de la gigantesca bolsa del subsidio) y sobre la que pende un ultimátum del ministro Corbacho que vence este mismo mes.

Y esa otra del sistema financiero, abierto a la privatización y a las fusiones de las cajas, en torno a la cual se ha logrado el único punto de encuentro entre el Gobierno y la oposición. Seguro que todos los españoles, obligados en su conjunto a recorrer este duro camino de sacrificios, esperan que el alcance de tal reestructuración sea mucho más palpable de lo que ayer hizo ver Zapatero, pues en realidad lo ocultó. Toca confiar en que la omisión sea producto de la prudencia y el respeto político del Gobierno hacia el principal partido de la oposición, con el que habrá de articular la ley en los tres meses que ambos se han dado. Nadie entendería que todos tengamos que apechugar con los esfuerzos de la reconstrucción para que el epicentro de la crisis (la banca ya ha recibido el auxilio de decenas de millones en avales públicos pero continúa sin depurar al menos otros tantos en activos 'tóxicos') siga en pie, igual que antes del terremoto.