Agricultores y consumidores crean un índice de precios de alimentos alternativo al IPC

Agricultores y consumidores preparan un índice de precios alternativo al listado oficial que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) a mediados de cada mes, y también a la cesta de la compra que recoge con una periodicidad similar el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Su objetivo es denunciar con ello las abultadas diferencias entre origen y destino a la hora de comprar alimentos, que llegan a ser de hasta el 400% en algún caso, y de las que culpan sobre todo a la distribución comercial.

La Cordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) -en la que se encuentra integrada la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), -junto a la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu), tienen previsto presentar el próximo jueves este nuevo índice, llamado IPOD -Índice de Precios en Origen y Destino-, en el marco de la segunda edición del Mercado Agrario Transparente, donde en otra medida reivindicativa se entregará a los ciudadanos, a cambio del precio testimonial de un euro, una bolsa de la compra con la que podrán adquirir varios alimentos a coste de origen.

Los agricultores se quejan de que, en la mayoría de los casos, apenas les llega una cuarta parte del precio que se paga en las tiendas por sus productos, márgenes comerciales que llegan a alcanzar incrementos del 400%.

Este tipo de actuaciones se enmarcan dentro del acuerdo de colaboración firmado entre las tres organizaciones el 19 de enero de 2006, con el objetivo de establecer estrategias conjuntas contra el "desequilibrio" existente en el mercado de productos agrarios, "dominado" por la gran distribución comercial.

La firma de ese acuerdo sirvió como pistoletazo de salida de la campaña de sensibilización, denuncia y reivindicación "¿Quién se queda lo que tú pagas?", que durante los dos últimos años ha recorrido distintas comunidades autónomas para dar a conocer la "escasa participación" de los agricultores en la conformación del precio final que adquiere su producto.

Especulación

La enorme diferencia de precios entre los que cobra el agricultor por sus productos y lo que el consumidor tiene que pagar por ese mismo alimento cuando lo adquiere de los lineales de los supermercados es uno de los caballos de batalla de COAG, que exige, no solo unos precios justos para los productores sino también que los consumidores conozcan -porque tienen derecho- cómo se forman los precios y el funcionamiento del mercado. Por eso, entre sus reivindicaciones figuran una mejora de los mecanismos de recogida de precios y la creación de un marco legislativo de comercialización agroalimentaria adecuado, así como la articulación de un Observatorio de Precios eficaz y operativo, con capacidad para proponer a la Comisión Nacional de la Competencia la investigación de las prácticas contra la competencia y la imposición de sanciones si así fuera necesario. Además reivindica un un doble etiquetado con precios origen/precios destino.

"Necesitamos una Política Agraria y Alimentaria que regule los mercados para que existan precios justos para productores y consumidores y se elimine la actual especulación de los intermediarios", insiste COAG, que concreta que debe procederse al desarrollo y aplicación del artículo 13.2 de la Ley de Comercio que prevé que "el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización (…) cuando se trate de productos de primera necesidad".

Doble etiquetado

Pensando no solo en los precios sino también en laseguridad de los consumidores, la organización agraria insiste en la necesidad de que se intensifiquen los controles de las importaciones de productos agroalimentarios y se garantice que en ellas no se ha utilizado productos prohibidos en la UE. Y es que, los agricultores han denunciado reiterada la entrada de productos de terceros países a bajos precios pero sin las exigentes garantías de calidad, sanidad y seguridad que imponen los férreos controles que se realizan a las producciones europeas y, por tanto, a las españolas.