Peligran 5.000 puestos de empleo en Aragón por la caída de la obra pública
La previsión la ha dado a conocer parte del sector en la presentación de las demandas y propuestas a los políticos de cara a los próximas elecciones.
La actividad en la construcción de obra pública ha caído a nivel de visados generales un 17 % y podría generar 5.000 nuevos desempleos en Aragón, una previsión que ha dado a conocer parte del sector en la presentación de las demandas y propuestas a los políticos de cara a los próximas elecciones.
Manuel Rodríguez Chesa, presidente del Consejo Aragonés de Cámaras de Aragón, ha confirmado esta mañana que el documento que recoge estas propuestas respecto al sector de la construcción está avalado por todos los representantes de las instituciones “que tienen algo que decir” para que “se sepa que existen estas estructuras y están a disposición de todos para proyectos congruentes”.
“No estamos pidiendo que se ejecute todo lo que se decide, sino que se cuente con estas posturas del empresariado para ser lo más operativo posible y no tener sorpresas”, ha sostenido Rodríguez Chesa, cuyo documento presentado consta de 16 apartados y 240 propuestas concretas.
Al mismo tiempo, el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo Ramo, ha asegurado que “es importante que nos dejen hacer las cosas y que nuestras empresas lo hagan con la competitividad que requiere el mercado”.
Por su parte, Juan Carlos Bandrés Barrabés, presidente de la Comisión de Urbanismo, Construcción e Infraestructuras de Cámara Zaragoza, ha mostrado su “preocupación” por el sector que “ya en 2008 perdió talento y capital”.
“La tasa de paro está bajando y el número de afiliados se ha incrementado, pero en la construcción no se dan esas buenas noticias. Parte de esas se deben a la inflación, los costes financieros y los sobrecostes”, ha señalado.
En este sentido, Bandrés ha reconocido que “el sector no quiere incrementar costes en los productos ni que los edificios públicos, sectores industriales, residenciales e infraestructuras tengan que subir de precios”, sino que “no suponga un aumento del coste” porque “sería un callejón sin salida”.
Del mismo modo, el presidente de la Comisión de Urbanismo ha asegurado que “la actividad ha caído a nivel de visados generales un 17% en obra pública y un 27 % en obra nueva, por lo que podrían llegar a darse 5.000 nuevos desempleados en el sector público de la construcción. “Si los visados caen, la actividad también”, ha reiterado.
Ante ello, Bandrés ha explicado que quieren solicitar a la administración que “nos dejen hacer” porque “viven en otro mundo y de espaldas”, por lo que se van a dirigir al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza para modificar cuestiones relacionadas con la gestión de vivienda de protección oficial porque “no entendemos que los expedientes tarden tanto en ser revisados y tiene que haber una defensa del consumidor”.
En esta línea, el documento recoge la petición de que el Colegio de Arquitectos cuente con las competencias necesarias para llevar a cabo el análisis de estos proyectos de protección oficial de forma independiente y que el dinero se destine a avales para gente joven. “En vez de pagar una subvención esté pagando su propia casa y esté ahorrando”, ha apuntado.
El tesorero del Consejo de Colegios de Arquitectos técnicos, Rafael Gracia Aldaz, ha compartido que “Aragón es la tercera comunidad con más edificios envejecidos de España (anteriores a 1980)” y que Zaragoza registre casi 60.000 edificios con más de tres alturas y sin ascensor.
“Este documento es una oportunidad de mejora, de generar riquezas en el sector, de dinamizar y de que la sociedad viva en unas condiciones más saludables, confortables y económicamente más viables. Hay posibilidad de ahorro de 500 millones de euros al año si se acometen estas rehabilitaciones de una manera eficiente”, ha confirmado.
Así, estas propuestas también están relacionadas con la modificación de la herramienta de cálculo de los costes de referencia, la creación de un nuevo agente rehabilitador, la necesidad de tramitar acciones de regeneración urbana para hacer ciudades más modernas y saludables, así como la creación de una nueva normativa autonómica y local.
Juan Carlos Bandrés ha incidido en la contratación pública y la revisión de precios, ya que “el sector necesita que se establezcan los mecanismos adecuados que eviten que los incrementos de costes de los materiales y la energía deban ser asumidos por las empresas”. “Dejemos de hacer política y empecemos a gestionar. Esto nos lleva a licitaciones desiertas y abandono de obras en curso”, ha agregado.
Asimismo, el presidente de la Comisión de Urbanismo, Construcción e Infraestructuras de Cámara Zaragoza ha solicitado a la Diputación General de Aragón un cambio urbanístico para construir vivienda en alquiler y una renovación del parque de maquinaria para “ser más eficientes y productivos” y que “el inversor nacional venga también a la ciudad”.
No obstante, Bandrés, que ha reclamado reconocimiento profesional de los excavadores y la necesidad de anticipar los costes de los residuos, ha reconocido que “el sector tiene que hacer deberes”, aunque “se debe reconocer que se están empezando a hacer” y que “tenemos tiempo”.
Este documento ha sido suscrito con vista en las próximas elecciones municipales y autonómicas por la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón, el Consejo de Colegios de Arquitectos Técnicos, CEOE, el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón, la Asociación de Empresas Excavadoras de Aragón, ANMOPYC, UPTA, CCAATA, FECZA, CCOO del Hábitat de Aragón y UGT FICA Aragón.
