España precisa 1,5 millones de viviendas sociales más para igualarse con la OCDE
Las familias destinan más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler en casi el 24%de los barrios del país.
La política de vivienda ha entrado de lleno en la campaña electoral. Y lo ha hecho por dos vías. Por un lado, el acuerdo para desbloquear la nueva ley que, entre otras cosas, aspira a aliviar la subida de precios en las zonas tensionadas. Por otro, el compromiso del Gobierno para reactivar la vivienda social, una política completamente defenestrada que en las últimas décadas ha dejado a España a la cola de Europa en el acceso a este tipo de casas a precios por debajo del mercado.
La media en la región supera el 9,3%, mientras que en España apenas alcanza el 3%, con unas 300.000 viviendas sociales en la actualidad. También nos quedamos por debajo de la media de la OCDE, que ronda el 7%. Y, según un reciente estudio de BBVA Research, alcanzar esa cifra implicaría contar con algo más de 1,8 millones de viviendas sociales, «alrededor de 1,5 millones de viviendas más de las existentes».
Así que sí. El compromiso del Gobierno para movilizar 50.000 viviendas de la Sareb, más el reciente anuncio de nueva inversión en otras 43.000, es un primer paso en la buena dirección para reactivar esta política venida a menos en los últimos años. Pero todo apunta a que será insuficiente para cubrir el actual déficit del territorio.
Los planes del Gobierno reforzarán la oferta, pero estas medidas no servirán por sí solas para apagar el 'calentón' de precios que ha provocado que unos 13 millones de hogares cumpla uno de los dos criterios para declararse zona tensionada: que la tasa de esfuerzo para pagar su casa supere el 30% o que sea una zona donde la subida del precio se sitúe tres puntos porcentuales por encima del IPC. Ese número de hogares supone un 61% del total. Más de seis de cada diez viviendas en España.
Si solo se tiene en cuenta el criterio de la renta, el 23,61% de las secciones censales estarían tensionadas, con Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante liderando el ranking por municipios. El problema es que en estas zonas la mayoría de viviendas de la Sareb se encuentran fuera de los centros urbanos, donde más se notan las subidas.
Relajar los precios resulta crucial para facilitar el acceso a los jóvenes, que apuestan en su mayoría por esta opción a la hora de independizarse. "Aunque parece que el alquiler es el régimen que más podría adaptarse a ellos, en la actualidad no es sencillo acceder a él. Los jóvenes entran en el mercado laboral con mayores tasas de paro, más temporalidad y bajos salarios; esta precariedad les impide acumular riqueza y a esto se añade el incremento en los precios, producto del crecimiento económico, de los cambios en la composición de la población y de la falta de respuesta de la oferta", indican los analistas.
Esa falta de respuesta se ha visto en todas las administraciones públicas, que desde los años 90 han paralizado el desarrollo de vivienda social. Según el último Observatorio del sector elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2020, el país ha pasado de construir más de un millón de casas asequibles en los 80 a apenas 167.000 entre 2011 y 2019. En un entorno en el que, además, la población no ha dejado de crecer.
Los expertos apuntan a que detrás de esa 'dejadez' está la apuesta por la vivienda libre, a mayores precios que, entre otras cosas, permiten también mayores ingresos mediante impuestos como el IBI. Por eso aconsejan una inversión cada vez mayor en el sector, tanto pública como privada. En los últimos Presupuestos de 2023, el gasto previsto para acceso a la vivienda es de 3.472 millones, muy por encima de años anteriores, pero aún insuficiente para cumplir los compromisos a largo plazo.
