Aprobada la reforma de las pensiones, pero ¿será la última?
El Real Decreto-ley de pensiones echa a andar, pero sin todo el consenso deseado. Refuerza el sistema público de pensiones con más ingresos, pero solo el tiempo dirá si dispara el gasto.
Pocos asuntos despiertan tanta sensibilidad social como las pensiones. La nueva reforma, que acaba de ser aprobada en el Congreso –aunque su contenido fue ya publicado en el BOE del 16 de marzo– y que ha sido refrendada por Europa no cuenta con el consenso de todos los agentes sociales ni los partidos. La patronal la rechaza al entender que "es una patada hacia adelante ya que solo aborda el capítulo de ingresos, pero no el de gastos" y que creará mayor déficit público. Sin embargo, los sindicatos UGT y CC. OO. la defienden porque destopa las bases de cotización de los salarios más altos, asegura mayores ingresos al sistema y atiende una conquista histórica que es el mantenimiento de la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC.
El catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Juan García Blasco, pone de relieve esa falta de "máximo consenso" que hubiera requerido la reforma de las pensiones al tratarse de una "cuestión de Estado". En cuanto a su efectividad, y si será definitiva o hará falta otra reforma dentro de unos años, aclara que "los periodos transitorios que marca esta reforma son muy amplios" y que al introducir mecanismos en los que el gasto puede condicionar los ingresos, solo en la medida en que vaya aplicándose, se podrá saber si es eficaz. "Ahora es prematuro pronunciarse", afirma.
Está por ver también el efecto demográfico. "A partir de mediados de la próxima década, cada vez más personas tendrán la edad de jubilación, lo que alcanzará tres puntos porcentuales del PIB", dice. Sin embargo, "es posible que el impacto financiero de la jubilación de los ‘baby boomers’ se circunscriba a un periodo de unos 15 años, con lo que a partir de la mitad de siglo se recuperaría cierta normalidad (estructura poblacional similar a la actual en la relación entre activos y pasivos)". Insiste este experto en que el refrendo de la Comisión Europea a la reforma es un voto de confianza a que "logre el objetivo al que se dirige, la sostenibilidad del sistema público de pensiones".
"Esto es un impuesto al trabajo. No una reforma de la pensiones", asegura Miguel Marzo, presidente de CEOE Aragón. "No soluciona el problema de la sostenibilidad. Lo único que hace es incrementar las cuotas a empresas y trabajadores", añade convencido de que "ningún político en España va a hacer una reforma en profundidad del sistema de pensiones" porque resultaría demasiado impopular. "Con la cercanía de las elecciones piensan más en los votos de los jubilados que en una solución de verdad al problema, que es que desde los años 80 los cotizantes por pensionista han caído a la mitad mientras el pago de las pensiones se ha doblado al alargarse los años en que se sigue cobrando esa jubilación", destaca.
Si se pretende, advierte Marzo, que "solo empresarios y trabajadores ingresen al sistema no se podrá sostener". Esto, añade, "solo se soluciona teniendo más cotizantes y pensando en planes privados de pensiones como complemento a la vez que abordando el capítulo de gastos y no solo de ingresos, como ha hecho esta mal llamada reforma", incide. El presidente de CEOE Aragón recuerda que el propio ministro Escrivá es "el principal crítico de su reforma", al menos "cuando estaba de presidente de la Airef (Autoridad Independiente de responsabilidad fiscal)". Ahora "ha cambiado de compañeros de viaje, había que asegurar la llegada de los fondos europeos y venían elecciones", añade.
La presidenta de Cepyme Aragón, Mª Jesús Lorente, coincide en que la reforma aprobada no es tal sino "una subida encubierta de las cotizaciones" cuyo impacto, avisa, "no sabe si han evaluado bien dado que de aquí a 2050 se va a producir un déficit importante ya que el sistema no va a poder sostener las jubilaciones de los ‘baby boomers’". España, anticipa, "se va a convertir en un país dedicado a pagar pensiones con un impuesto puro y duro a las rentas del trabajo de los puestos más cualificados, los más solicitados por las empresas". Hay un pensionista y medio por cada trabajador, señala Lorente, y "la reforma supone un paso atrás". A su juicio, había que haber "sentado a la mesa a todos, incluidas las organizaciones empresariales, y haber consensuado". La sostenibilidad de las pensiones "es un tema muy serio. No solo España sino Europa ha de plantearse hacia donde camina", advierte.
Para Tomás Yago, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Aragón, esta reforma supone un avance. "La de 2011 aprobada por el PP nos abocaba a una pérdida continua de capacidad adquisitiva de las pensiones y, sin embargo, esta las revaloriza e introduce el factor de sostenibilidad". En su opinión, las "marchas por toda España", organizadas por UGT y CC. OO., supusieron un "punto de inflexión" para abordar esta reforma "que abarca todo el arco laboral (asalariados y autónomos) e incluye los salarios más altos que escapaban a la cotización". Por tanto, reconoce, es un paso hacia adelante que "ha obtenido el plácet de la UE, lo que supone una garantía".
"La derecha va a seguir con el ‘retintín’ de que las pensiones no son sostenibles. Lo lleva diciendo desde el siglo pasado", asegura Manuel Martín, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CC. OO. Aragón. "La reforma la ha refrendado Europa, que dice que sí es sostenible, porque ahora va subiendo el número de pensionistas y bajando el de cotizantes, pero eso cambiará en el medio plazo y además la reforma introduce el mecanismo de que cada tres años se revisará".
Y lo hará la Airef, el organismo que cuestiona esta reforma porque no asegura la sostenibilidad del sistema dada "la elevada presión del envejecimiento de la población en las finanzas públicas". Si bien el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha matizado que en esa visión de la Airef hay "escenarios desfasados", que no incluyen los efectos de la reforma laboral e inversiones ligadas a la llegada de fondos europeos.
Sobre si la reforma garantiza las pensiones de las generaciones futuras, el catedrático García Blasco responde que "la solidaridad intergeneracional se trata de lograr con el citado MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) cuya cotización se destina exclusivamente al Fondo de Reserva" y confía en que sea efectivo.
Desde organizaciones como la Coordinadora en defensa de las pensiones públicas no lo ven así. "La reforma se queda corta y no corrige el desequilibrio entre pensiones más altas y más bajas, al no fijar una cuantía para la pensión mínima". Si bien "recoge aspectos positivos, mantiene muchos negativos de anteriores reformas", asegura su portavoz en Aragón, Félix Martínez: "Subir un 15% una pensión mínima de 400 euros parece mucho, pero supone poco dado el elevado coste de la vida".
Desde esta Coordinadora valoran que sea "la primera vez que una reforma hace más hincapié en los ingresos del sistema que en el recorte de las pensiones", pero critican que mejore "poco la situación de pensiones no contributivas que no alcanzan el umbral de la pobreza". Según Martínez, podría haber sido más ambiciosa y "en lugar de elevar el tope de cotización (1,2%) hasta 6.198 euros más IPC medio anual acumulado hasta el año 2050, la reforma podría haber optado por el destope absoluto hasta los 7.000 euros".
Tampoco contenta la reforma a OSTA, que considera que el Gobierno trata de "invisibilizar los aspectos más lesivos" de la misma al "dar por bueno el aumento de la edad de la jubilación a los 67 años" y "para el cálculo de las pensiones, pasar de un plumazo de los 25 años de la reforma del 2011 a 29 años, de los que el trabajador podrá descartar los dos peores", factores que "supondrán pensiones más bajas en el futuro".
Desde OSTA valoran el "camino en la buena dirección" de aumentar los ingresos al sistema, pero no están conformes con la nueva cotización, el MEI, "perjudicial para los trabajadores" al incrementar las cotizaciones pasando del 0,6% actual (0,5% a cargo de la empresa y 0,1% del trabajador) al 1.2% en 2029, una décima por año. Además, critica que se le de a la Airef la potestad de analizar si se está respetando el límite de gasto de las pensiones y de no ser así proponer medidas, lo que, a su juicio, supone "una clara amenaza".
