economía

Factura del gas de 700 a 2.400 euros: "Pensamos que era un error porque esa cifra nos pareció un despropósito"

Un matrimonio zaragozano con contrato en el mercado libre ha tenido este inverno un recibo de su casa con un precio cinco veces más caro que el del año pasado.

Ester Barrau, zaragozana que ha recibido este invierno una factura de gas de 2.400 euros.
Ester Barrau, zaragozana que ha recibido este invierno una factura de gas de 2.400 euros.
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Los precios de la energía se encuentran en valores alejados de la escalada que se vivió el año pasado. El gas natural ha vuelto a rondar los 40 euros el megavatio hora (Mwh), después de estar hace un año por encima de 200 euros, lo que hace que no se haya aplicado este mes el 'tope del gas', y la luz se sitúa en torno a los 100 euros/Mwh. Pese a ello, siguen recibiéndose en los hogares facturas que reflejan el incremento vivido en el último año, sobre todo, en contratos en el mercado libre a los que les ha tocado la revisión anual.

"Ahora están llegando las facturas de los meses de frío. La gente está recibiendo facturas de gas, normalmente bimensuales, y se está dando cuenta de que les revisaron el contrato de mercado libre en septiembre con subidas de precios", explica Alejandro Marín, delegado de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Aragón. Entre los clientes que acuden buscando una explicación a sus recibos disparados estudian el caso de un matrimonio zaragozano, que tenía contrato con Iberdrola, al que le ha llegado uno de 2.400 euros por dos meses.

Recibo devuelto

"Lo primero que pensamos es que era un error porque esa cifra nos pareció un despropósito", cuenta Ester Barrau, la clienta. "Como mucho pagábamos en esas fechas 400 ó 500 euros y dijimos, 'este año como está el panorama, igual está en 700 euros", señala, todavía sin creerse el importe del recibo del gas que recibieron en su casa. Viven de alquiler en un adosado en la localidad zaragozana de  Villanueva de Gállego y ninguna de sus vecinas ha gastado cuantías similares. El matrimonio tenía contratada una tarifa fija en el mercado libre, cuyo precio se revisaba una vez al año.

El invierno del año pasado, entre mitad de noviembre de 2021 y enero de 2022, el recibo fue de 720 euros, más caro de lo habitual porque ya reflejaba las primeras subidas que había registrado el gas, con la reactivación de la economía tras la pandemia de covid. La revisión de precios la tuvieron en septiembre, aunque aseguran que no fueron conscientes de ello. Este año, la factura de mitad de noviembre a mitad de enero ha sido la primera que ha incluido el encendido de calefacciones, tras un invierno cálido, y esta fue la que registró los 2.400 euros. El matrimonio devolvió el recibo cuando llegó la domiciliación bancaria y no abonó la deuda.

"Pagaban 0,06 euros por kilovatio hora (Kwh) y en la revisión les habían pasado a 0,30 euros", apunta Marín, para detallar que el precio de la energía se multiplicó por cinco.

"Como estábamos tan disgustados lo primero que hicimos fue cambiar de compañía de gas. A Iberdrola les llamamos y les dijimos que era todo un despropósito y que no podían subir el precio que te ponen en la tarifa sin avisar. Me parece un atraco", se queja la clienta. Desde la propia compañía les informaron entonces que en el gas el precio es mejor este año en la tarifa de último recurso (TUR), la regulada por el Gobierno. Desde el Ejecutivo y las asociaciones de consumidores vienen aconsejando contratar en el mercado regulado porque su coste, de momento, está 'topado'. La pareja terminó por cambiar de compañía para beneficiarse de la TUR.

Falta de información

OCU defiende que en este caso se ha producido una "vulneración en la notificación de los precios" porque la compañía no informó al matrimonio de forma adecuada del encarecimiento que suponía la revisión anual. "Pueden revisar los precios, pero tienen que informar de forma transparente, individualizada", detalla Marín.

Para ello se apoya en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. En el apartado f) de su artículo 57 la norma señala entre los derechos de los consumidores que deben ser "debidamente avisados de forma transparente y comprensible de cualquier intención de modificar las condiciones del contrato e informados de su derecho a rescindir el contrato sin coste alguno cuando reciban el aviso". Además, tienen derecho a "ser notificados de forma directa por su suministrador sobre cualquier revisión de los precios derivada de las condiciones previstas, con al menos un mes de antelación a la entrada en vigor, de forma transparente y comprensible".

En este sentido, la ley añade que las comunicaciones de revisiones de precios deberán incluir "una comparativa de los precios aplicados antes y después de la revisión, así como una estimación del coste anual del suministro para dicho consumidor y su comparativa con el coste anual anterior".

Desde Iberdrola aseguran que informaron a los clientes el pasado 28 de julio de 2022, "con más de un mes de antelación, que es lo que marca la normativa". La comunicación se habría remitido "por correo postal a la misma dirección del contrato". A ella se envió "la correspondiente carta informativa con los nuevos precios del suministro de gas aplicable a su contrato a partir del 2 de septiembre de 2022, en la que se incluían los nuevos precios que se iban a aplicar en el periodo anual y con una comparativa del coste anual estimado, en el que podía comprobar las cantidades estimadas que abonaría con los nuevos precios y la cantidad anual correspondiente al precio anterior".

Los consumidores insisten en que no recibieron nada y han presentado una reclamación a la empresa energética donde piden la devolución de la cantidad indebidamente cobrada por aplicar un precio más alto sin informar de forma adecuada. Desde OCU reclaman que se refacture con el precio anterior a la subida. 

Marín reconoce que en estos casos en los que el consumidor "se niega a pagar esas cantidades que triplican o quintuplican" o simplemente no tiene dinero suficiente para abonarlas las empresas les incluyen en registros de morosos, lo que les impide, por ejemplo, pedir un crédito o aplazar una compra. De ahí que también solicite a la compañía que no tome este tipo de medidas.

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