Política agraria Común
El desarrollo rural que llega con la nueva PAC
Con la reforma de la Política Agraria Común desembarca también un nuevo Plan de Desarrollo Rural que se aplicará en el período 2023-2027. Llega con cambios, sobre todo de gobernanza, pero también con innovaciones.
Desde el pasado 1 de enero, Aragón tiene un nuevo plan de desarrollo rural. Llega de la mano y por el mismo camino que lo ha hecho la reforma de la Política Agraria Común, en la que se inserta el PDR, ese conjunto de medidas con las que se repartan las ayudas del llamado segundo pilar –el primero son las subvenciones directas– que se nutren con los recursos económicos que desembolsan las tres administraciones implicadas (Unión Europea, Estado miembro y comunidad autónoma) y que tienen como objetivo cofinanciar –el beneficiario también aporta capital de su bolsillo– actuaciones que impulsan la mejoran competitiva de las explotaciones y diversifican la economía del medio rural.
La nueva programación de desarrollo rural (2023-2027) llega con novedades, aunque estas no tienen nada que ver con la "revolución" que ha sufrido el primer pilar. La primera y esencial es que ya no hay 17 PDR (uno por comunidad autónoma), sino un único plan de desarrollo rural que emana del extensísimo documento con el que el Ministerio de Agricultura ha diseñado la aplicación de la nueva PAC en España, esto es, el Plan Estratégico Nacional.
No es el único, pero aunque hay cambios, la esencia del plan se mantiene. Su presupuesto –580 millones para todo el periodo– continúa poniendo el foco en la incorporación de jóvenes, la modernización de las explotaciones, la inversión en agroindustria y el regadío, sin olvidar aquellas medidas que, como su nombre indica, impulsan el desarrollo rural más allá de la agroalimentación.
Uno de los cambios significativos de la nueva PAC se llama Plan Estratégico Nacional, obligatorio para todos los Estados miembros que han tenido que detallar en él cómo será la aplicación de la Política Agraria Común en su territorio. Y eso influye, como no podía ser de otra manera, en el segundo pilar de la PAC, acepción con la que se conocen las ayudas –en este caso cofinanciadas– con las se impulsan las inversiones para mejorar la competitividad del sector y diversificar la economía del medio rural. Ya no hay un Plan de Desarrollo Rural con el apellido de cada comunidad autónoma, sino que únicamente existe una programación "única y transversal" para todas las regiones que se integra en el Plan Estratégico Nacional.
"Es un cambio de funcionamiento, de gobernanza", señala Jesús Nogués, director general de Desarrollo Rural de la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Ahora la autoridad de gestión es nacional, es decir, el Ministerio, y el comité de seguimiento también será nacional, aunque en las comunidades se mantendrá una autoridad de gestión y un comité de seguimiento estás jugarán un papel más secundario que en programaciones anteriores.
La maquinaria se hace así más pesada, se pierde flexibilidad y exigirá, reconoce Nogués, "mucha coordinación a nivel estatal", porque ahora las modificaciones no se analizan y se deciden en los órganos regionales sino que cualquier cambio está muy tasado y hay que enviarlo primero a Madrid para que luego el Ministerio lo envíe conjuntamente a todas las regiones. "El proceso es, sin duda, más complejo", asegura el director general, y pone fin a la interlocución directa de las autoridades regionales con los funcionarios de Bruselas con los que se analizaba cada PDR, porque ahora ese papel está únicamente en manos del Departamento que lidera Luis Planas.
'New Delivery Model'
Hay una segunda innovación y no es cuestión baladí. Tiene que ver con lo que Bruselas llama New Delivery Model, el nuevo modelo de gestión de las ayudas de la PAC. Hasta ahora tanto el primer como el segundo pilar estaba sujeto a auditorías, pero era, como matiza Nogués, de tipo financiero, para controlar si se había gestionado correctamente el dinero. Desde el 1 de enero, fecha en la que ha entrado en vigor la nueva reforma, se añade un nuevo control que tiene que ver con la consecución de objetivos claves. "Lo que nos van a examinar es si con el dinero que estamos gastando vamos a ser capaces de alcanzar los objetivos planteados", detalla Nogués, que destaca también que el periodo de aplicación de esta nueva programación es más corto, tan solo cinco años (2023-2027), frente a los nueve en los que se dilató el pasado, que tuvo que ser prorrogado por la pandemia.
A pesar de su carácter transversal y común para todas las regiones, el PDR que se aplicará en Aragón "es totalmente aragonés y se ajusta a la realidad y las necesidades del desarrollo rural de la Comunidad", insiste Nogués. Buena prueba de ello son las medidas (y los recursos económicos) en las que pone el foco. Ahí no hay cambios, aunque sí algunos matices.
El montante total del Plan de Desarrollo Rural para Aragón alcanza los 580 millones de euros que se dividirán en cinco años, a razón de unos 115 millones cada uno, un 14% más que en el periodo anterior. Dado que se trata de fondos cofinanciadas, de ellos 304 proceden de las arcas comunitarias (Feader), 152 millones los aporta la Comunidad y 124 millones son desembolsados por la Administración General del Estado. He aquí una de las más significativas modificaciones. Se duplica la cifra aportada por el Ministerio, lo que reducirá, como ha señalado en reiteradas ocasiones la Consejería, el estrés al que se ha visto obligado el Gobierno de Aragón en los últimos años en relación con la aportación de fondos propios para la completa absorción de los fondos del Feader.
El reparto de estos fondos sigue dando protagonismo a las medidas estrella de los anteriores periodos, aunque con "novedades", como señala Nogués.
Cobra protagonismo la partida dedicada al asesoramiento de explotaciones, una medida que se puso en marcha en el PDRanterior y con la que una serie de entidades –organizaciones agrarias y cooperativas– acceden a ayudas públicas para acompañar a los productores en la mejora de su competitividad. El montante destinado a este fin alcanza los 9,7 millones de euros, el doble que en la programación anterior.
"Asesorábamos a 3.000 agricultores al año, una cifra bastante significativa pero que si la comparamos con los 35.000 solicitantes de la PAC es un dato que tiene que progresar", explica Nogués, para justificar esta mayor aportación con la que se prevé alcanzar los 6.000 asesorados al año. "La PAC se va a complicar muchísimos con libros de registro, cuadernos digitales... Todo va a ser muy complejo con lo que este asesoramiento va a ser muy determinante para facilitar esta labor a los agricultores", matiza.
También se ha duplicado el presupuesto para los regímenes de calidad (producciones diferenciadas), que dispondrá de ayudas por valor de 10 millones de euros. "Entendíamos que en promoción y comercialización de las marcas de calidad existía una déficit", explica el director general.
Instrumento financiero
Por lo que se refiere a las actuaciones "más inversoras", se mantienen los montantes. Para impulsar el rejuvenecimiento del sector habrá 55 millones para todo el periodo. Una cifra que se ha calculado en función del número de jóvenes que se han ido incorporando anualmente en los últimos años. "Son unos 250 cada ejercicio por lo que entendemos que con ese dinero somos capaces de atender dicha demanda", detalla. Sucede lo mismo con la cantidad reservada para la modernización de explotaciones, 25 millones de euros.
Las ayudas con las que se favorece la instalación de nuevas industrias agroalimentarias o la mejora de las ya existentes suman otros 80 millones mientras que la expansión del regadío dispondrá de un montante total que alcanza los 65 millones a repartir en cada uno de los cinco años en los que se prolonga el nuevo PDR.
Aunque parece que nada cambia, en los capítulos destinados a impulsar el relevo generacional, la modernización de las explotaciones y el regadío se ha introducido una destacada innovación. "Hasta ahora se subvencionaba en función de la inversión realizada, pero ahora se plantea que en lugar de esa subvención, o a más a más de la misma, la posibilidad de facilitar la financiación al joven, al que moderniza o a la comunidad de regantes, que en muchas ocasiones encuentran dificultades para acceder al crédito por falta de avales", explica Nogués.
El mecanismo no sería otro que dedicar parte del montante destinado a estas ayudas para que el Gobierno responda como avalista del beneficiario. Todavía se están puliendo flecos, reconoce el director general, porque aunque no se ha definido totalmente si el perceptor tendrá que optar por subvención o aval, se plantea también la posibilidad de que si elige la novedosa opción disponga de subvención para financiar puntos de interés.
"Con estos instrumentos el 80% del riesgo lo asume la administración y el 20% la entidad financiera y con ello se quiere evitar que los bancos hagan una selección negativa de aquellos proyectos que tienen más dificultades para disponer de avalistas", detalla Nogués, que explica que aunque el Gobierno tiene que reservar y depositar el dinero destinado a este mecanismo financiero –cuyo desarrollo culminará a mediados de años–, esta línea tiene una gestión centralizada en el Ministerio.
Para el director general esta innovación "puede tener mucho recorrido", más en un escenario "tan cambiante" y cada vez más complicado, primero por el coste que ahora tienen los préstamos, pero también porque incluso la concesión del crédito "se está volviendo más rígida".
El Plan de Desarrollo Rural 2023-2027 está cuajado de otras muchas medidas, entre las que Nogués destaca especialmente otras dos "en las que la dotación económica se ha incrementado notablemente". Una tiene que ver con la filosofía más verde. Son las ayudas agroambientales, dotadas con 74 millones de euros, un 37% más, y las destinadas a la agricultura ecológica, cuya partida (30 millones de euros) supone un aumento del 170% respecto al periodo anterior. "Las primeras tienen el mayor peso en la ganadería extensiva por lo que es importante que esa cifra se refuerce", señala el director general, que detalla que el impulso ecológico se justifica por la necesidad de avanzar hacia el horizonte marcado por la Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, que plantea que el 25% de la superficie tiene que ser ecológica en el 2030. "En Aragón estamos muy lejos de esa cifra", explica.
Con estos mimbres, el PDR ha echado a andar en Aragón, aunque Nogués recuerda que el plan anterior todavía está en funcionamiento debido a una prórroga por la covid. "Va a haber un periodo que abra un cierto solapamiento de ambos programas", puntualiza.
Proyectos en grupo con mayor responsabilidad
Una de las líneas estrella del PDR es el programa Leader, desarrollado en el territorio por 20 grupos de acción local que cubren el 95% del territorio de la Comunidad (salvo Zaragoza), con el que se subvenciona la diversificación de la economía en el medio rural, es decir, aquellas iniciativas de negocio que no sean de ámbito agrario.
En el nuevo Plan de Desarrollo Rural, esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto de 55 millones de euros, llega con un "innovador" modelo de gestión. Lo impone la normativa comunitaria pero, como asegura el director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués, también da respuesta a una demanda histórica. Los grupos de acción local tendrán más flexibilidad pero, a cambio, tendrán que asumir mayor responsabilidad. Serán ellos, y no la Administración, los que publiquen las convocatorias de ayuda a terceros. Y tendrán que hacerlo de acuerdo con la estrategia que cada uno haya desarrollado para su ámbito territorial.
Serán ellos también los que aprueben los expedientes, realicen el control de los mismos y se encarguen del pago final de las ayudas.
Para ello, detalla Nogués, se creará, mediante un convenio con la administración, un organismo intermedio entre los grupos y la Red que los agrupa, con el objetivo de facilitar no solo esa mayor capacidad de gestión de los fondos sino también de decisión. "El sistema Leader, la clave es que las decisiones las tome el territorio", añade.
